En medio del polémico juicio contra Alejandro Gil Fernández, quien fuera ministro de Economía y Planificación y viceprimer ministro del régimen cubano, el Tribunal Supremo Popular ha difundido un video propagandístico que busca defender al sistema judicial comunista, presentándolo como “efectivo y transparente”.
El proceso contra Gil, uno de los rostros más visibles de la fracasada política económica del castrismo, se ha manejado bajo un hermetismo absoluto. Casi dos años después de su destitución, la Fiscalía General le imputó un amplio abanico de delitos graves, sin ofrecer detalles ni pruebas públicas.
Entre los cargos destacan espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos, falsificación de documentos públicos y tráfico de influencias. El juicio se celebra a puertas cerradas, sin acceso a la prensa ni observadores independientes, y ni siquiera su hija ha podido entrar a la sala, tras denunciar la falta de transparencia.
Mientras crecen las críticas por la opacidad y el secretismo con que se maneja el caso de una figura clave del aparato económico, el régimen lanza esta nueva pieza de propaganda judicial, en la que intenta proyectar una imagen de legalidad y confianza institucional.
La contradicción es evidente: miles de cubanos han sido condenados injustamente por motivos políticos, tras juicios sumarios y sin garantías procesales, mientras el gobierno insiste en presentarse como defensor de la justicia.
“El sistema de tribunales en Cuba es garante del Estado de derechos socialista, garantiza el cumplimiento de la ley, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”, afirma uno de los voceros en el video oficial.
“La transparencia como valor institucional del sistema de tribunales en Cuba se manifiesta mediante la actuación judicial abierta, diáfana, accesible y comprensible de quienes participan en los procesos judiciales para la población en general”, añade otra participante en la grabación.
La difusión de este material es otro intento de proyectar la imagen del sistema judicial cubano en un momento de creciente descrédito, marcado por juicios arbitrarios, represión política y ausencia total de independencia judicial.
Inicia juicio contra Alejandro Gil Fernández
El juicio oral contra Gil Fernández comenzó el martes 11 de noviembre de 2025, en un proceso a puertas cerradas que el régimen justificó por supuestas razones de seguridad nacional. Según la versión oficial, se han respetado los derechos del acusado y de su defensa, quienes habrían tenido acceso completo al expediente judicial.
No obstante, la hija del exministro ha denunciado públicamente la falta de transparencia y la escasa información proporcionada a la familia, que —según afirma— se ha enterado de los principales detalles del proceso a través de los noticieros de la televisión estatal. Tras exigir mayor apertura y acceso al juicio, le fue negada la entrada a la sala, reforzando las sospechas de secretismo que rodean el caso.
Gil Fernández, quien fuera ministro de Economía y Planificación y viceprimer ministro, fue destituido el 2 de febrero de 2024, en medio de una profunda crisis económica y después del aplazamiento del aumento de los precios de los combustibles.
Un mes más tarde, el 7 de marzo de 2024, el gobierno confirmó que se encontraba bajo investigación penal por “graves errores” en su gestión. El exfuncionario admitió las acusaciones y renunció al Partido Comunista y a su escaño en la Asamblea Nacional.
Casi un año y medio después, la Fiscalía General de la República de Cuba presentó formalmente una extensa lista de cargos en su contra, incluyendo espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y actos en perjuicio de la economía nacional.
