
Un histórico fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) en Estados Unidos ha complicado aún más la situación de los inmigrantes irregulares. La BIA dictaminó que aquellos extranjeros que no hayan sido admitidos legalmente no podrán solicitar audiencias de fianza durante el proceso de deportación, obligándolos a permanecer detenidos hasta la resolución de su caso.
El 5 de septiembre de 2025, la Junta de Apelaciones de Inmigración resolvió el caso de Jonathan Javier Yajure Hurtado, un ciudadano venezolano que cruzó la frontera sin inspección en noviembre de 2022.
En este fallo, el juez Keith E. Hunsucker y los magistrados Philip Montante y Paul McCloskey concluyeron que los jueces de inmigración no tienen autoridad para otorgar fianza a aquellos extranjeros que ingresaron ilegalmente a EEUU y se encuentran en proceso de remoción.
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El fallo subraya que cualquier inmigrante que haya entrado al país sin la debida inspección será tratado como un “solicitante de admisión” bajo la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esto implica que no podrán solicitar fianza, y su detención será obligatoria hasta que se resuelvan los procedimientos de deportación.
El caso establece que, incluso si un inmigrante ha residido en EEUU durante años sin estatus legal, seguirá siendo considerado un solicitante de admisión y, por lo tanto, no podrá pedir una audiencia de fianza.
El juez se basó en la interpretación estricta de la sección 235(b)(2)(A) de la INA, que requiere la detención obligatoria de los inmigrantes que no hayan sido admitidos. Según el juez Hunsucker, el uso de la palabra “deberá” en la ley indica un mandato, no una opción discrecional. Así, cualquier persona en esta situación debe permanecer bajo custodia durante todo el proceso de remoción.
Aunque la decisión limita las opciones de los inmigrantes irregulares, aún existen algunas alternativas. Los afectados pueden explorar la posibilidad de obtener un parole humanitario, una medida discrecional que permite la liberación por razones urgentes. También existe la opción de solicitar una audiencia de habeas corpus, lo cual permite que el caso sea revisado judicialmente. Sin embargo, estos son procesos complicados y no garantizan un resultado positivo.
Jonathan Yajure Hurtado, el inmigrante venezolano que protagonizó este caso, solicitó una audiencia de fianza tras ser detenido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en abril de 2025, después de que su Estatus de Protección Temporal expirara.
El juez de inmigración, sin embargo, desestimó su solicitud, argumentando que no tenía jurisdicción para conceder fianza. La apelación fue también rechazada, y la BIA ratificó la postura de que Yajure debía ser tratado como un solicitante de admisión.
La política migratoria de EEUU bajo la actual administración de Donald Trump ha sido clara en cuanto a la detención obligatoria para los inmigrantes que se encuentren en esta situación. Todd M. Lyons, director interino de ICE, instruyó en julio de 2025 a los oficiales migratorios a mantener detenidos a los inmigrantes irregulares hasta que finalicen sus procedimientos de remoción. Este fallo judicial refuerza esta política y añade una capa más de complejidad al proceso de deportación.


a TRUMP SE ELIGIO PARA SACAR DE ESTE PAIS A TODOS LOS ILEGALES ASI QUE PA FUERA HAY QUE VENIR LEGAL