La investigación sobre el llamado síndrome de La Habana, que afectó la salud de diplomáticos estadounidenses en Cuba, dio un giro significativo tras revelarse que el gobierno de Estados Unidos adquirió, mediante una operación de inteligencia secreta, un dispositivo valorado en millones de dólares que podría estar vinculado a los llamados ataques acústicos.
Según una revelación de CNN, el gobierno estadounidense pagó una suma de ocho cifras por un dispositivo que actualmente está siendo analizado por el Departamento de Defensa. La compra se realizó en los últimos días de la administración de Joe Biden con fondos del propio Pentágono, aunque no se ha revelado a quién se le adquirió ni el lugar exacto de la transacción.
El equipo en cuestión es descrito como un dispositivo de onda de radio pulsada, una tecnología que durante años fue señalada como una posible causa de los llamados ataques sónicos.
De acuerdo con fuentes citadas y que laboran en la investigación, el aparato es lo suficientemente pequeño como para caber en una mochila, un detalle que refuerza la hipótesis de que pudo haber sido utilizado de forma encubierta en espacios residenciales o diplomáticos.
Los primeros reportes de diplomáticos, agentes de inteligencia y familiares estadounidenses en Cuba surgieron a finales de 2016, cuando comenzaron a presentar síntomas como vértigo, fuertes dolores de cabeza, pérdida de equilibrio y afectaciones neurológicas compatibles con traumatismos craneoencefálicos.
En aquel momento, las autoridades cubanas minimizaron lo ocurrido y promovieron teorías que iban desde supuestos ataques acústicos hasta explicaciones que atribuían los síntomas a causas psicológicas o ambientales.
Según las investigaciones preliminares, aunque el dispositivo no sería completamente de origen ruso, contiene componentes de ese país, lo que ha reavivado las sospechas sobre la posible participación de Rusia, China o incluso grupos cercanos a Irán. Todo con la complicidad del régimen comunista de La Habana.
La comunidad de inteligencia estadounidense considera cada vez más probable que se haya tratado de una acción de un actor extranjero, presuntamente con la complacencia o el conocimiento de la dictadura cubana.
Las sospechas sobre el régimen de La Habana se sustentan en el alto nivel de control estatal existente en la Isla, así como en sus estrechos vínculos políticos y militares con Moscú, Pekín y Teherán. Para analistas y legisladores estadounidenses, resulta poco creíble que un ataque de esta naturaleza pudiera ocurrir en Cuba sin algún grado de tolerancia oficial.
Con el paso de los años, los incidentes no se limitaron a La Habana. Se han reportado casos similares en cerca de 90 países, incluyendo zonas próximas a la Casa Blanca. Incluso miembros del equipo de la entonces vicepresidenta Kamala Harris denunciaron afectaciones durante una visita a Europa. Estas denuncias llevaron a figuras políticas, como el entonces senador cubanoamericano Marco Rubio, a calificar los hechos como ataques directos contra funcionarios estadounidenses.
Más de 1.000 personas han reportado incidentes de salud asociados a este fenómeno. Algunas víctimas han criticado la respuesta inicial de las agencias federales, que durante años restaron importancia a sus testimonios. Exfuncionarios de la CIA han pedido disculpas públicas si se confirma que estos dispositivos estuvieron detrás de los ataques.
El momento en que comenzaron los incidentes resulta clave. En 2016, la administración de Barack Obama impulsaba el acercamiento diplomático con Cuba. Para expertos, ese proceso no beneficiaba a aliados estratégicos de La Habana como Rusia y China, interesados en evitar una normalización de relaciones entre Washington y el régimen cubano.
Si se confirma que el dispositivo fue utilizado deliberadamente contra personal estadounidense, el hecho podría ser considerado un acto de agresión o incluso de guerra. Ese escenario abriría la puerta a acciones legales y políticas más severas contra la dictadura cubana, en un contexto de tensiones bilaterales que no dejan de agravarse.
