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PERIÓDICO CUBANO

Solicitan derogación de ley que permite la vigilancia electrónica en Cuba

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Solicitan derogación de ley que permite la vigilancia electrónica en Cuba

Abogados independientes hicieron esta petición a la Asamblea Nacional

Cubanos pueden ser vigilados de manera virtual por el gobierno sin la autorización de un juez (EFE)

Basándose en lo que consideran una violación a los derechos humanos, los abogados independientes cubanos Julio Ferrer Tamayo y Edilio Hernández Herrera entregaron a la Asamblea Nacional una solicitud de derogación del decreto 389, que permite al gobierno montar una vigilancia electrónica sobre los ciudadanos de Cuba.

En entrevista con el Diario de Cuba, Ferrer Tamayo comentó que dicha normativa significa la legalización del acoso y control que ejercen los órganos de seguridad en contra de los cubanos, además de que no se ajusta a los convenios internacionales en materia de lucha contra el delito.

“La ley legitima y legaliza la inobservancia de las normas y reglas del debido proceso, al vulnerar la equidad entre las partes en el proceso penal y franquea la posibilidad a una parte el fiscal atropelle a la otra (…) sin límite alguno”, indican los juristas en la solicitud presentada.

Ferrer y Hernández también señalaron que el decreto no tiene relación con el Manual de Técnicas Especiales de Investigación, Agente Encubierto y Entrega Vigilada emitido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Lo anterior es porque los métodos de investigación planteados en el manual son para aplicar en casos excepcionales, situación que el gobierno cubano no especifica en el decreto.

Por esta omisión, los abogados plantean que el gobierno tendría a su favor el uso de arbitrariedades para la investigación aprovechando la ausencia de recursos legales efectivos que protejan a ciudadanos ante la invasión de su privacidad.

El gobierno argumenta que el decreto, en vigor desde el pasado 18 de noviembre, es por temas de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo a través de técnicas especiales de investigación encubierta y vigilancia electrónica.

Sin embargo, por la falta de especificaciones en el contenido, las autoridades podrán, sin la autorización de un juez, escuchar y grabar voces de cualquier ciudadano, además de intervenir sus comunicaciones y tener un acceso a sistemas computarizados.

Se debe tener en cuenta que para las autoridades cubanas los opositores en la Isla están al “servicio de Estados Unidos” y por ello son considerados responsables de “actos terroristas” contra Cuba.

Las leyes internacionales de derechos humanos califican de ilegal este tipo de vigilancia masiva, sin embargo, además del gobierno cubano, también la aplican autoridades en Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos, según datos proporcionados por Amnistía Internacional.

 

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