Los responsables de robos de cables eléctricos en la provincia de Granma corren el riesgo de recibir sanciones severas ante un endurecimiento del procesamiento penal para las acciones que afecten la infraestructura eléctrica.
Los hechos ocurrieron en Manzanillo y Bayamo, según reportes difundidos en redes sociales, en un contexto de deterioro de la infraestructura básica, auge del mercado informal y endurecimiento del discurso judicial contra cualquier afectación al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Uno de los casos se registró en la Escuela Formadora de Maestros de Manzanillo. De acuerdo con información divulgada por la página oficialista de Facebook Entérate con Aytana Alama, un individuo fue sorprendido dentro de la institución mientras presuntamente intentaba sustraer cables eléctricos.
El sospechoso fue detectado por un trabajador del centro, que avisó a las autoridades tras encontrarlo en el interior del recinto. Según el reporte, al momento de la detención el hombre llevaba una mochila con herramientas presuntamente destinadas al robo, entre ellas destornilladores, un cincel y llaves de mecánica.
Posteriormente, la policía procedió a su arresto e inició la investigación correspondiente. El incidente adquiere una dimensión adicional por haber ocurrido en una institución educativa, donde una acción de este tipo afecta directamente el funcionamiento del colegio para alumnos y maestros.
El segundo hecho ocurrió en el reparto Camilo Cienfuegos, en Bayamo, donde otro ciudadano fue detenido tras sustraer alrededor de seis metros de acometida eléctrica de una vivienda particular.
Ese tipo de cable conecta la casa con el sistema de distribución, por lo que su manipulación indebida puede generar cortocircuitos, incendios, explosiones o incluso electrocuciones, además de dejar sin servicio a los residentes.
Ambos episodios reflejan una tendencia cada vez más visible en distintas zonas del país: el robo de componentes eléctricos, motivado en muchos casos por su reventa en el mercado informal o por la precariedad económica.
El Tribunal Supremo Popular anunció recientemente un endurecimiento del tratamiento penal para las acciones que afecten la infraestructura eléctrica. En un texto divulgado en el diario oficial Granma, las autoridades indicaron que quienes sustraigan componentes, piezas, medios, recursos, combustible o aceite dieléctrico de instalaciones vinculadas a la generación y distribución de electricidad serán procesados por el delito de sabotaje.
Esa figura está recogida en el artículo 125 del Código Penal, vigente desde 2022, y prevé penas de entre siete y 15 años de privación de libertad para quienes dañen, alteren o interfieran en este tipo de instalaciones.
El castigo puede ser aún mayor si las acciones provocan consecuencias graves o si se emplean medios considerados peligrosos. En esos casos, la sanción podría elevarse a entre 10 y 30 años de prisión.
La legislación también deja abierta la posibilidad de imponer privación perpetua de libertad o incluso la pena de muerte, una de las fórmulas más extremas contempladas por el sistema penal cubano.
