Texas coloca una barrera de boyas en el Río Bravo para bloquear el paso de migrantes

Texas instaló una barrera acuática como parte de su plan para frenar la migración irregular. (Captura de pantalla: Noticias Telemundo – YouTube)

En un intento por disuadir a los migrantes que buscan cruzar irregularmente desde México hacia Estados Unidos, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha puesto en práctica un singular plan: una barrera flotante de color naranja brillante, compuesta por boyas del tamaño de una pelota de demolición, extendiéndose a lo largo de alrededor de tres campos de fútbol en el Río Bravo.

Esta estrategia, que no había prosperado durante la administración Trump, ha llevado a Texas a enfrentarse con la administración Biden, generando tensiones por la inmigración a lo largo de la extensa frontera del estado con la nación azteca.

El despliegue de estas boyas flotantes, una medida inédita y sin precedentes, ha reabierto el debate sobre la política migratoria en la región. El Río Bravo, ya fortificado en extensas secciones con cercas de acero y alambre de púas, se convierte ahora en el epicentro de un enfrentamiento legal entre el Departamento de Justicia y el gobierno estatal.

La administración demócrata ha solicitado a un tribunal federal que Texas retire las boyas, argumentando que esta barrera de agua plantea preocupaciones humanitarias y ambientales a lo largo de la frontera internacional.

El gobernador Abbott, por su parte, ha desestimado la demanda y cuenta con el respaldo de aliados conservadores que buscan otorgar más poder a los estados para tomar medidas de inmigración agresivas.

Esta situación jurídica compleja se enmarca dentro del contexto en el que la administración del presidente Joe Biden defiende una nueva restricción de asilo en los tribunales. Un juez federal bloqueó recientemente la aplicación de esta política, bajo el argumento de que todos los migrantes que crucen hacia EEUU, por cualquier vía, tienen derecho a pedir la protección.

La decisión del magistrado favorece a una denuncia presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante y el Centro Hastings para Estudios de Género y Refugiados, que habían demandado al gobierno por cercenar los derechos de los indocumentados.

Al suspenderse la aplicación del Título 42 en la frontera, el gobierno demócrata puso en vigor un plan para restringir el acceso de inmigrantes, quienes deben solicitar una cita previa para una entrevista con un oficial de aduana y protección fronteriza.

Este sistema, conocido como CBP One, ha sido criticado por ser muy lento y tener pocos cupos disponibles para la demanda diaria. La medida además tiene sanciones, pues los migrantes que no cumplan y crucen la frontera, corren el riesgo de recibir una prohibición de entrada a EEUU por cinco años.