La administración de Donald Trump ha adoptado un enfoque más agresivo en el retiro de la ciudadanía americana a extranjeros naturalizados que incumplen ciertos requisitos como incurrir en delitos graves.
En un memorando emitido por el Departamento de Justicia el 11 de junio de 2025, se definen procedimientos civiles para revocar la ciudadanía de individuos que hayan obtenido su naturalización mediante fraude, omisión de información crucial o la comisión de crímenes graves que pongan en riesgo la seguridad nacional.
Estos requisitos siempre han existido y son de obligatorio cumplimiento, pero ahora la administración Trump busca aplicar la ley de forma más amplia revisando un mayor número de casos para encontrar posibles inconsistencias. La flexibilidad que el gobierno ha otorgado a los fiscales para decidir qué casos perseguir ha generado inquietud sobre la arbitrariedad en la aplicación de la ley.
En ese sentido, el Departamento de Justicia lista varios delitos que podrían resultar en la pérdida de la ciudadanía, como crímenes de guerra, torturas, crímenes contra los derechos humanos, pertenencia a carteles de drogas, tráfico de personas, delitos sexuales y fraudes en programas como Medicaid y Medicare.
También se incluyen crímenes financieros, como el fraude relacionado con el Programa de Protección de Nóminas (PPP). Aunque algunas de las categorías son claras, otras son vagas, lo que deja un amplio margen para la discrecionalidad de los fiscales y ha generado preocupación sobre posibles abusos en el proceso.
El caso de Elliott Duke, un veterano británico naturalizado estadounidense condenado por distribuir material de abuso sexual infantil, ejemplifica la aplicación de estas medidas. El Departamento de Justicia logró revocar su ciudadanía, subrayando que Duke mintió durante su proceso de naturalización sobre delitos cometidos previamente.
El memorando también resalta que aquellos que sean desnaturalizados no tendrán derecho a un abogado, diferenciándose de los procedimientos penales en los que sí se garantiza esa asistencia legal gratuita.
El nuevo enfoque de la administración Trump no es una medida sin precedentes. En el pasado, durante la era McCarthy y la presidencia de Barack Obama, se usó la desnaturalización principalmente para casos de fraude.
Sin embargo, bajo Trump, la medida se ha ampliado significativamente, abarcando tanto delitos graves como crímenes civiles. Esta directiva también afecta a personas condenadas por delitos penales pendientes, permitiendo a la División Civil del Departamento de Justicia perseguir casos fuera de las categorías específicas si lo consideran pertinente.
El memorando establece que los casos de desnaturalización se llevarán a cabo bajo litigios civiles, donde la carga de la prueba es más baja y los acusados no tendrán derecho a una defensa legal, lo que acelera el proceso y facilita la revocación de la ciudadanía.
Los expertos en inmigración y derechos civiles advierten que esta medida podría tener un impacto negativo en las familias de ciudadanos naturalizados, particularmente en los casos en que los hijos nacidos en Estados Unidos se vean afectados indirectamente por las acciones de los padres.
