Tras la petición del presidente Donald Trump al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de implementar reglas para hacer más difícil la tramitación de residencia permanente para inmigrantes, si consideran que a futuro pudieran obtener beneficios por el pago de los extranjeros, ha convertido a esta agencia en una “carga pública”.
El presupuesto de USCIS proviene de las cuotas que cobra a los inmigrantes por cada trámite que realizan, pero cuando Trump empezó a modificar su funcionamiento, la agencia ha sido encaminada hacia una crisis financiera cuando hace apenas tres años contaba con un superávit, es decir, sus ingresos eran mayores de lo que gastaba.
Para tratar de recuperarse del déficit de sus finanzas, USCIS propuso un incremento exagerado en las tarifas, como el 80% al trámite de ciudadanía, que pretende subir de $640 a $1,170 dólares.
También está pidiendo al Congreso que le otorgue $1,200 millones de dólares para continuar sus operaciones, si no tendría que despedir al 75% de sus empleados.
