El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió nuevamente que ordenará un pago vía cheque de estímulo de 2.000 dólares para la mayoría de los estadounidenses, financiado con los ingresos de los aranceles aplicados por su gobierno. El anuncio, hecho a través de un mensaje en Truth Social, destaca que solo “los ricos” no recibirán el dinero. Sin embargo, no detalló los requisitos.
Trump aseguró que el país está recaudando “trillones” gracias a los aranceles y que esos fondos permitirán comenzar a reducir una deuda de 37 billones de dólares. Agregó que la economía muestra inversión récord, máximos históricos en la bolsa y una inflación controlada. Asimismo, defendió la política arancelaria, calificando de “tontos” a quienes la critican.
La propuesta llega mientras la Corte Suprema analiza la legalidad de los aranceles globales impuestos bajo la figura de emergencia. Durante la audiencia, varios jueces expresaron preocupación por el uso de esa herramienta para medidas que, en la práctica, operan como un impuesto recaudatorio más que como respuesta puntual a desequilibrios comerciales, lo que podría redefinir el alcance del poder presidencial en materia de comercio.
Si la Corte determina que los aranceles fueron ilegales, el gobierno podría enfrentar la obligación de devolver más de 100.000 millones de dólares a importadores. Ese escenario pondría en riesgo tanto la continuidad de la política arancelaria como cualquier dividendo financiado con esos recursos, debilitando uno de los principales argumentos políticos de Trump.
Las tensiones también se evidencian dentro de la propia administración. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, insiste en que el objetivo central de los aranceles no es recaudar, sino “rebalancear” el comercio y fortalecer la producción y el empleo industrial. Afirma que la prioridad oficial es destinar esos ingresos a reducir la deuda, no a emitir cheques masivos directos a la población.
Bessent reconoció además que no ha discutido con Trump los detalles concretos del pago de 2.000 dólares y subrayó que cualquier programa de este tipo requeriría la aprobación del Congreso. Sugirió que el llamado “dividendo” podría expresarse en alivios fiscales ya contemplados en la agenda presidencial, como exenciones sobre propinas, horas extra, Seguridad Social o ciertos gastos deducibles.
Los datos disponibles refuerzan las dudas sobre la factibilidad del plan. Un informe del Departamento del Tesoro reportó cerca de 195.000 millones de dólares en derechos de aduana en los primeros tres trimestres del año, mientras las estimaciones ubican la recaudación anual entre 300.000 y 400.000 millones, y hasta 3.3 billones en una década.
Cálculos de especialistas como Erica York (Tax Foundation) indican que, si se excluye a quienes ganan más de 100.000 dólares, unos 150 millones de adultos podrían recibir el dividendo, con un costo aproximado de 300.000 millones de dólares que aumentaría al incluir menores. Al ajustar por el efecto de los aranceles sobre otros ingresos fiscales, el aumento neto real rondaría los 90.000 millones, muy por debajo del monto necesario.
Otros análisis, como los del filántropo John Arnold, elevan el posible costo total hasta unos 513.000 millones. Además, usar esos recursos para cheques obligaría a emitir más deuda, mientras estudios académicos apuntan a que los consumidores ya soportan un arancel efectivo cercano al 18%, el nivel más alto desde 1934, trasladado a precios en un contexto de inflación aún superior a la meta de la Reserva Federal.
La idea tampoco es inédita. A lo largo del año, Trump ha sugerido cheques de entre 1.000 y 2.000 dólares vinculados a los aranceles y, junto a Elon Musk, llegó a mencionar un “dividendo” de 5.000 dólares asociado a ahorros del llamado “Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)”, iniciativas que no se concretaron mientras el déficit continuó en alza.
