La administración de Donald J. Trump anunció esta semana nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), con el propósito de restringir sus operaciones financieras y limitar su capacidad de actuación.
La decisión, comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, responde al rechazo de Washington a las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra atribuidos a ciudadanos estadounidenses e israelíes.
Según informó Associated Press, las restricciones afectan directamente al funcionamiento económico de la institución, con sede en La Haya, Países Bajos. El Gobierno estadounidense considera que la CPI ha excedido sus competencias al intentar ejercer jurisdicción sobre nacionales de países que no reconocen su autoridad. La medida también recibió críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Estados Unidos bloquea los recursos financieros de la CPI
El nuevo paquete contempla la congelación de los bienes del organismo que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, impide utilizar determinados servicios bancarios, plataformas tecnológicas y operaciones comerciales vinculadas con Estados Unidos. Las restricciones buscan reducir las herramientas disponibles para desarrollar investigaciones y procedimientos judiciales internacionales.
Las compañías y personas estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con la Corte dispondrán de seis meses para concluir sus contratos y suspender cualquier actividad prohibida. Esta disposición amenaza con dificultar el acceso del tribunal a proveedores financieros y tecnológicos indispensables para sus operaciones.
Rubio defendió la iniciativa mediante un video difundido en redes sociales. “Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra”, declaró. También sostuvo que los ciudadanos estadounidenses no deben responder ante una institución cuya jurisdicción Washington rechaza.
Marco Rubio advierte sobre el futuro del tribunal internacional
El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que las objeciones contra la CPI existen tanto entre legisladores republicanos como demócratas. Sin embargo, atribuyó a Trump la voluntad política de aplicar medidas destinadas a debilitarla. “O la CPI deja de amenazar, o acabaremos nosotros con la CPI”, advirtió.
El anuncio coincidió con la concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay, antigua jueza de la Corte y ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las autoridades estadounidenses señalaron que las sanciones estaban preparadas antes de conocerse la decisión del Comité Nobel.
EEUU exige apoyo de sus aliados contra la Corte Penal Internacional
Rubio también dirigió una advertencia a los gobiernos que mantienen vínculos con el organismo judicial, especialmente los integrantes europeos de la OTAN y Japón. Washington espera que esas naciones respalden sus objeciones contra los procedimientos que afectan a militares estadounidenses y ciudadanos de Israel.
La CPI, creada para investigar delitos como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, rechazó las sanciones. Su presidenta, Tomoko Akane, reafirmó que el organismo continuará desempeñando sus funciones judiciales con independencia. Diversos aliados estadounidenses expresaron igualmente su oposición a las restricciones.
La ofensiva estadounidense abre una nueva disputa diplomática sobre la jurisdicción internacional y la soberanía nacional. Mientras Washington busca limitar la capacidad operativa de la Corte, varios países mantienen su respaldo al tribunal y estudian mecanismos para proteger sus actividades frente a las sanciones.
