La administración de Donald Trump ampliará desde el próximo 18 de septiembre la capacidad de los oficiales de inmigración para tomar en cuenta el uso de ayudas públicas al decidir si una persona puede obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
La medida permitirá que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) valore beneficios como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como food stamps, y determinadas ayudas de vivienda, entre otros programas condicionados a los ingresos del solicitante.
Sin embargo, existe una excepción decisiva para la comunidad cubana: las personas que solicitan la residencia específicamente bajo la Ley de Ajuste Cubano no están sujetas a la causal de inadmisibilidad por “carga pública”.
El propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó en la regla publicada en el Registro Federal que esa protección fue establecida por el Congreso. Por tanto, no puede ser eliminada simplemente mediante una regulación administrativa.
Esto significa que un cubano elegible para ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano no debería ver rechazada su green card por haber recibido ayudas públicas. No obstante, la nacionalidad cubana por sí sola no concede la exención: lo determinante es la categoría migratoria empleada para solicitar la residencia.
¿Qué cubanos podrían verse afectados?
La nueva política sí puede alcanzar a cubanos que tramiten una visa o la residencia mediante una vía diferente a la Ley de Ajuste Cubano, como determinadas peticiones familiares, laborales u otras categorías que no estén expresamente exentas.
También puede afectar a personas de origen cubano que soliciten una visa desde el extranjero, pues ese procedimiento no constituye un ajuste dentro de Estados Unidos bajo la legislación especial para los cubanos.
Los residentes permanentes que ya poseen una green card tampoco perderán automáticamente su estatus por recibir Medicaid, food stamps u otra ayuda. La prueba de carga pública no se aplica a la renovación ordinaria de la tarjeta de residencia y recibir beneficios no constituye por sí solo una causa automática de deportación.
Más poder para los oficiales de USCIS
La regla de Trump elimina el marco aprobado durante la administración de Joe Biden en 2022, que limitaba los beneficios que podían ser considerados principalmente a la asistencia monetaria para cubrir gastos básicos y a la institucionalización prolongada pagada por el Gobierno.
A partir del 18 de septiembre, USCIS podrá examinar cualquier beneficio público basado en los ingresos recibido, solicitado o aprobado para el propio aspirante a la residencia. También podrá valorar su edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y posibilidades de mantenerse sin asistencia gubernamental.
El uso de una ayuda pública no provocará automáticamente la denegación. Los oficiales deberán analizar “la totalidad de las circunstancias”, incluyendo la duración y el monto de los beneficios, las razones por las cuales fueron solicitados y las perspectivas económicas del inmigrante.
Las solicitudes de ajuste presentadas antes del 18 de septiembre continuarán siendo evaluadas con las reglas de 2022. Además, los beneficios que hasta ahora estaban excluidos solo podrán tener peso bajo el nuevo criterio si se reciben a partir de esa fecha.
Las ayudas recibidas por los hijos
Un artículo publicado por The American Prospect advirtió que la política podría provocar que familias inmigrantes abandonen programas médicos, alimentarios y de vivienda por temor a perjudicar sus trámites migratorios.
No obstante, la norma federal aclara que USCIS generalmente no contará como propios los beneficios recibidos por hijos u otros familiares. Podrían aparecer indirectamente en la evaluación financiera si demuestran que el solicitante tiene ingresos por debajo del límite establecido, está obligado a mantener al beneficiario o depende económicamente de esas ayudas.
DHS reconoce que la falta de criterios detallados podría llevar incluso a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes a abandonar programas para los cuales continúan siendo elegibles.
Para los cubanos, la conclusión más importante es que la nueva política no elimina la exención de la Ley de Ajuste Cubano. Antes de cancelar una ayuda o modificar una solicitud migratoria, cada persona debe comprobar cuál es exactamente la categoría bajo la que tramita su residencia, pues de ello dependerá que la regla de carga pública pueda aplicársele.
