El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con sus intentos de anular la ciudadanía por nacimiento en el país. Ahora, el mandatario pidió a la Corte Suprema reducir las medidas cautelares que impiden su orden ejecutiva sobre el tema.
La solicitud, realizada en Washington D. C., responde al deseo del mandatario de anular el derecho automático, consagrado en la 14ª Enmienda, para los hijos de inmigrantes sin residencia permanente.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó el recurso contra tres bloqueos judiciales dictados por tribunales federales en Washington, Massachusetts y Maryland.
Dichos fallos frenan la aplicación de la orden firmada por Trump el 20 de enero, misma que pretende negar la ciudadanía a los niños nacidos en el país sin al menos un progenitor estadounidense o residente permanente.
La medida iba a entrar a vigor a partir del 19 de febrero, pero quedó paralizada en todo el territorio nacional. Grupos defensores de los inmigrantes, fiscales generales de estados demócratas y mujeres embarazadas argumentan que la orden contradice derechos básicos protegidos por la Constitución, en particular la 14ª Enmienda.
Esta reforma, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, estipula que cualquier persona nacida o naturalizada en EEUU es ciudadana. Los demandantes señalan que el presidente no posee la facultad para alterar ese mandato. El magnate, en contraste, sostiene que la ciudadanía por nacimiento no debe aplicarse a quienes se encuentren de forma irregular o temporal.
El juez federal John C. Coughenour, en Seattle, bloqueó provisionalmente la orden presidencial. Su resolución se originó en la demanda de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, que citan los precedentes de la Corte Suprema para sostener la inviolabilidad de la referida enmienda. La agencia AP informó que la objeción incluye la defensa de seguros médicos infantiles.
Otra demanda inicial, presentada por una coalición de 18 estados, entre ellos Nueva York, Nueva Jersey y California, se radicó en Massachusetts. Señalan que, además de violar derechos fundamentales, la norma de Trump causaría gastos indebidos a gobiernos locales y pondría en riesgo fondos federales.
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, definió la medida como un ataque a “la esencia misma de esta nación”. Recordó que durante 150 años se ha reconocido la ciudadanía a todo niño nacido en territorio estadounidense. Insistió en que Trump no puede invalidar la 14ª Enmienda de un plumazo.
Organizaciones proinmigrantes advierten que, si la Corte Suprema avala la posición de Trump, se abriría la puerta para futuras restricciones contra familias con estatus legal precario. También temen que se genere incertidumbre en personas que nacieron en EEUU y podrían enfrentar cuestionamientos sobre su ciudadanía.
La Corte Suprema, de mayoría conservadora (6-3) y con tres jueces nombrados por Trump, recibirá uno de los casos más importantes del debate migratorio. El presidente ya impulsó políticas para endurecer las fronteras, incluyendo el despliegue de militares y restricciones al asilo. Cabe recordar que la referida anulación ha sido una idea de él desde su primera administración en la Casa Blanca.
