Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos reafirmó la sentencia que obliga al presidente Donald Trump a pagar más de 83 millones de dólares a la escritora y periodista E. Jean Carroll por un caso de difamación.
Esta decisión sigue a la denuncia pública de Carroll en 2019, en la que acusó al mandatario de haberla agredido sexualmente en el probador de una tienda en Nueva York durante la primavera de 1996.
Tras revelar su versión de los hechos, un jurado de Nueva York consideró probado que Trump había abusado sexualmente de la escritora, lo que llevó a una primera sentencia en la que fue condenado a pagar 5 millones de dólares.
Sin embargo, Carroll continuó su lucha judicial y presentó una demanda adicional por difamación, debido a que Trump seguía realizando comentarios públicos que la desacreditaban.
El tribunal de apelaciones dictaminó que la cantidad de 83 millones de dólares era “justa y razonable” como compensación por los daños causados por los comentarios de Trump, y rechazó los argumentos de su defensa, que alegaban que el republicano debería ser inmunizado debido a su rol como mandatario en el momento de los hechos.
Según los magistrados, Trump no puede acogerse a la inmunidad presidencial en este caso. Sin embargo, tiene la opción de recurrir la sentencia ante la Corte Suprema del país.
Durante todo el juicio, Carroll ofreció sus testimonios al juez y al jurado, mientras que Trump se ausentó, negando las acusaciones en repetidas ocasiones. A pesar de la defensa del presidente, que insistió en que los encuentros fueron consensuados, el jurado consideró que los relatos de Carroll eran creíbles y consistentes.
Desestimación de multa por fraude civil en Nueva York
A finales de agosto, un tribunal de apelaciones en Nueva York desestimó la millonaria multa por fraude civil impuesta al presidente en relación con la demanda presentada por el estado de Nueva York por exageración de su riqueza.
La multa inicial, que podría haber superado los 515 millones de dólares, fue calificada por los jueces como “excesiva” y en violación de la Octava Enmienda de la Constitución de EEUU.
La demanda había sido presentada por el fiscal general del estado de Nueva York, quien acusó a Trump y a su organización de inflar de manera fraudulenta los valores de sus propiedades en los estados financieros presentados a prestamistas y aseguradoras.
El juez Arthur Engoron, quien había impuesto la multa, había determinado que el mandatario debía pagar una cifra inicial de 355 millones de dólares, que con los intereses habría alcanzado los 515 millones.
El tribunal de apelaciones desestimó la multa en su totalidad, aunque dejó abierta la posibilidad de futuras apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York.
Los abogados de Trump argumentaron durante la audiencia que las acusaciones de fraude eran demasiado antiguas y que los estados financieros no podían considerarse fraudulentos, ya que incluían descargos de responsabilidad que indicaban que no habían sido auditados.
