El presidente de Estados Unidos Donald Trump puso en funcionamiento por primera vez un tribunal especial creado hace casi tres décadas para procesar la deportación de extranjeros.
La medida representa un nuevo endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense y se suma a la ofensiva que su gobierno mantiene mediante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un contexto marcado por el aumento de arrestos y expulsiones de migrantes.
Aunque en este caso se trata de una medida creada originalmente para individuos señalados como “terroristas”, otras iniciativas de la actual administración han sido enfocadas de esta manera también hacia “criminales”, pero terminan incluyendo a residentes legales y personas sin antecedentes penales.
El Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés) fue establecido por el Congreso en 1996 mediante la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva.
Aunque permaneció inactivo durante casi 30 años, comenzó a operar este julio tras una decisión de la Casa Blanca. Su función, oficialmente, será revisar casos de ciudadanos extranjeros que el gobierno considere vinculados con actividades terroristas.
Sin embargo, la principal preocupación radica en que la legislación concede al Ejecutivo un amplio margen para clasificar a una persona como terrorista y presentar parte de las pruebas de manera reservada, lo que limita el acceso del acusado a la información utilizada en su contra y reduce sus posibilidades de impugnar la deportación.
Según informó CNN, el procedimiento permite que el Gobierno mantenga en secreto parte de los argumentos empleados para justificar la expulsión cuando sostiene que su divulgación “comprometería la seguridad nacional”.
En julio se conoció el primer caso tramitado bajo este mecanismo, aunque los detalles permanecen bajo reserva. Lo único que trascendió fue que la jueza encargada del proceso consideró insuficientes las pruebas iniciales presentadas por las autoridades y solicitó información adicional antes de emitir una decisión.
La activación del tribunal ocurre en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada durante el segundo mandato de Trump.
En los últimos meses, ICE ha incrementado las redadas en distintos estados y ha ampliado las detenciones no solo de migrantes en situación irregular, sino también de personas con permisos de residencia, beneficiarios de programas migratorios y otros extranjeros que anteriormente no figuraban entre las prioridades de deportación.
Estas operaciones han generado preocupación entre comunidades de inmigrantes, especialmente cubanos, venezolanos y haitianos, debido a que cada vez son más frecuentes las detenciones de personas sin historial criminal.
El aumento de las expulsiones aceleradas y el endurecimiento de las revisiones migratorias ha afectado incluso a extranjeros que habían permanecido legalmente en EEUU durante años, e incluso a comunidades como la cubana, que mucho tiempo gozó de privilegios migratorios en ese país.
En ese escenario, organizaciones defensoras de los derechos civiles advierten que la entrada en funcionamiento del ATRC podría ampliar aún más el alcance de las medidas migratorias.
Aunque el tribunal fue concebido para procesar exclusivamente a presuntos terroristas extranjeros, la legislación deja en manos del propio Gobierno los criterios para realizar esa clasificación y no establece un mecanismo independiente que supervise esa decisión antes de iniciar el procedimiento.
Esa discrecionalidad preocupa porque se suma a un sistema migratorio que ya ha sido cuestionado por las condiciones de algunos centros de detención administrados por ICE, entre ellos instalaciones como Alligator Alcatraz, así como por denuncias de arrestos, e incluso asesinatos, de personas sin antecedentes penales o sin participación en actividades delictivas.
Bajo este esquema, especialistas consideran que migrantes que nunca han sido condenados por un crimen podrían enfrentar procesos con menos garantías procesales si el Ejecutivo decide incluirlos dentro de la categoría de amenaza para la seguridad nacional.
La puesta en marcha del tribunal marca un nuevo capítulo en la estrategia migratoria de la administración Trump, caracterizada por ampliar las herramientas legales para acelerar deportaciones y reforzar el control sobre la población extranjera.
Al mismo tiempo, abre cuestioamientos sobre el equilibrio entre las facultades del Gobierno en materia de seguridad y el respeto al debido proceso para quienes enfrentan un procedimiento de expulsión.
#Internacionales🔴| Donald Trump no cede en su política migratoria y activó un tribunal secreto que fue creado desde 1996, cuya función primordial era de encargarse exclusivamente para tramitar los casos de deportación para personas extranjeras que estuvieran en Estados Unidos.… pic.twitter.com/p6UKvlFSY2
— ICN.Digital (@ICNDigital) July 23, 2026
