El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) implementará nuevas guías a partir del 18 de septiembre para evaluar las solicitudes de residencia permanente bajo la causal de inadmisibilidad conocida como “carga pública”.
Las nuevas instrucciones establecen un análisis más amplio y discrecional por parte de los agentes del USCIS. La labor se centrará en evaluar cada solicitud de manera individual para determinar si existe la posibilidad de que el inmigrante dependa de beneficios públicos en el futuro.
Las guías fueron publicadas el 18 de agosto y sustituyen la normativa vigente desde 2022 durante la administración de Joe Biden. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) eliminó esa regulación mediante una regla final publicada en el Registro Federal el pasado 20 de julio.
Los cambios solo aplicarán a los formularios I-485 presentados con matasellos o enviados electrónicamente a partir del 18 de septiembre. Las solicitudes entregadas antes de esa fecha continuarán bajo las reglas anteriores.
USCIS ampliará los factores para decidir si existe riesgo de “carga pública”
La ley migratoria estadounidense establece cinco factores principales que deben analizar los oficiales al evaluar esta causal: edad, salud, situación familiar, recursos económicos y educación o habilidades profesionales.
La nueva guía amplía el margen de evaluación. USCIS indicó que los funcionarios podrán considerar tanto esos cinco elementos como cualquier otro factor relevante para determinar si una persona podría convertirse en carga pública en algún momento.
Dentro del análisis podrán incluirse determinados beneficios públicos sujetos a comprobación económica, conocidos como programas con prueba de recursos financieros.
Entre los beneficios que podrían ser considerados están la asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos, ayudas de vivienda, programas de alimentos como los cupones SNAP, apoyo económico para estudios universitarios y otros programas similares.
Los cubanos bajo la Ley de Ajuste Cubano están exentos
USCIS mantiene exentas de esta causal a varias categorías migratorias, entre ellas refugiados, asilados, víctimas de trata de personas con visa T, víctimas de determinados delitos con visa U y menores bajo estatus de inmigrante especial.
Para la comunidad cubana, uno de los puntos más importantes es que los beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano permanecen expresamente excluidos de la evaluación por carga pública. Esto significa que los cubanos que solicitan la residencia bajo esa ley no están sujetos a esta causal específica de inadmisibilidad.
Entre los grupos que sí pueden ser evaluados bajo las nuevas reglas se encuentran familiares de ciudadanos estadounidenses, incluidos cónyuges, hijos y padres; hermanos de ciudadanos, prometidos, ciertos trabajadores extranjeros, profesionales con títulos avanzados, inversionistas y participantes del programa de visas de diversidad.
USCIS podría permitir una fianza en algunos casos
Si un oficial determina que un solicitante es inadmisible únicamente por la causal de carga pública, USCIS podría permitirle presentar una fianza mediante el formulario I-945.
Esta garantía económica busca demostrar que el inmigrante no dependerá de asistencia gubernamental en el futuro. El monto mínimo establecido es de 1.000 dólares, aunque la cantidad final dependerá del análisis del caso y de la posible ayuda pública que pudiera recibir durante los próximos cinco años.
La fianza no puede solicitarse voluntariamente. Solo puede activarse después de que USCIS emita una Notificación de Intención de Denegación. Si el solicitante presenta la garantía siguiendo las instrucciones de la agencia, el oficial podría aprobar la solicitud de ajuste de estatus.
