Familias inmigrantes, sindicatos, educadores y activistas presentaron el pasado 5 de octubre una demanda en Massachusetts contra dos políticas de la administración Trump-Vance que, según denuncian, dificultan obtener la residencia permanente sin salir de Estados Unidos.
Los demandantes buscan frenar medidas que podrían separar familias y obligar a trabajadores y estudiantes a continuar sus trámites en consulados del extranjero, según informó Democracy Forward.
El litigio cuestiona cambios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que afectan a personas que han establecido sus hogares, desarrollado carreras y criado hijos en territorio estadounidense.
Los demandantes sostienen que las nuevas instrucciones alteran las condiciones bajo las cuales iniciaron sus solicitudes y añaden obstáculos a una vía legal creada por el Congreso.
La primera política impugnada, emitida en mayo de 2026, indica a los funcionarios que valoren negativamente la decisión de tramitar la residencia dentro de EEUU en lugar de acudir al procesamiento consular. Según la descripción de los demandantes, para superar ese factor desfavorable se exige demostrar circunstancias excepcionales o extraordinarias.
La segunda, publicada en agosto, permite denegar solicitudes sin ofrecer previamente una oportunidad para aportar pruebas adicionales. La impugnación también cuestiona su aplicación a personas que habían presentado sus expedientes antes de que existieran las nuevas instrucciones, lo que introduce incertidumbre sobre solicitudes que ya estaban pendientes.
Los abogados solicitan que el tribunal bloquee ambas políticas y posteriormente las anule. También piden que USCIS resuelva los expedientes afectados conforme a los precedentes aplicables.
El argumento central de los demandantes es que el Ejecutivo está convirtiendo el uso de un procedimiento autorizado por el Congreso en una circunstancia contraria al propio solicitante. A su juicio, cumplir los requisitos para pedir un ajuste pierde valor si elegir esa vía se considera un elemento negativo.
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, defendió que el gobierno no puede modificar ese sistema para después utilizar las actuaciones legales de los inmigrantes como motivo para rechazar sus solicitudes.
Leslie Dellon, del Consejo Estadounidense de Inmigración, advirtió sobre las consecuencias familiares y laborales de trasladar esos procesos al extranjero.
Americans for Immigrant Justice señaló que acudir a un consulado puede implicar esperas prolongadas lejos de cónyuges, hijos y empleadores. Su directora ejecutiva, Sui Chung, aseguró que la organización continuará ofreciendo orientación legal gratuita a las familias afectadas. Estos riesgos forman parte de los argumentos de quienes promueven el litigio.
Entre las entidades demandantes figuran la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP), sus capítulos de Harvard y la Universidad de Boston, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), SEIU Local 509, 32BJ SEIU y Americans for Immigrant Justice.
También participan seis solicitantes individuales: Areli Esmeralda Rojas Correa, Miriam Esther Moreno Coto, Maria Francisca Guardado, Ikechi Obinna Nwaozuzu, Derly Sierra Palacios y Julieth Melissa Camargo Figueroa. La representación corresponde a Democracy Forward, el Consejo Estadounidense de Inmigración, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración y Colombo & Hurd.
¿Qué significa la demanda para los cubanos que esperan la residencia?
La demanda contra dos políticas de USCIS interesa a los cubanos que buscan residencia permanente en EEUU, aunque su alcance depende del procedimiento migratorio utilizado. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 establece una vía específica, distinta de las peticiones familiares o laborales.
Entre sus requisitos figuran haber sido inspeccionado y admitido o haber recibido libertad condicional migratoria, conocida como parole, además de acumular al menos un año de presencia física en el país. Cumplir estas condiciones no garantiza una aprobación automática: USCIS evalúa la elegibilidad y ejerce facultades discrecionales.
Los solicitantes bajo esta ley tampoco quedan exentos de las exigencias documentales correspondientes. Las reglas sobre pruebas pueden resultar relevantes para expedientes presentados mediante el Formulario I-485. Un cubano que tramite la residencia por otra categoría podría afrontar consecuencias diferentes, según sus documentos y circunstancias personales.
La controversia coincide con un aumento de los tiempos de espera para obtener la residencia mediante el Ajuste Cubano. Sin embargo, presentar la demanda no cambia automáticamente los requisitos, plazos ni el estado de las solicitudes pendientes.
Quienes esperan una decisión deben revisar las notificaciones oficiales, actualizar sus datos de contacto y comprobar que entregaron los documentos exigidos. También deben responder oportunamente a cualquier solicitud de pruebas adicionales, sin asumir que recibirán otra oportunidad para completar un expediente insuficiente.
