La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva legislación para castigar con sentencias de entre 15 y 20 años de cárcel a personas o entidades que respalden las sanciones contra el comercio marítimo y petrolero del país.
La legislación, aprobada de manera unánime por el cuerpo legislativo bajo control chavista, indica, en específico, que las sanciones son para quienes apoyen, promuevan o respalden acciones contra dicho tipo de comercio.
La Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería, Bloqueos y otros Actos Ilícitos Internacionales también sanciona a quienes “promuevan, instiguen, soliciten, invoquen, favorezcan, faciliten, respalden, financien o participen” en acciones emprendidas por Estados, corporaciones o personas extranjeras contra operaciones comerciales vinculadas a Venezuela.
Además de las penas de prisión, la ley establece fuertes multas y la incautación de bienes bajo la Ley de Extinción de Dominio, lo que amplía el alcance punitivo del texto y refuerza el control estatal sobre personas y patrimonios que el régimen considere como “enemigos”.
Los críticos de la ley alertan que este nuevo marco legal se suma a los instrumentos represivos del gobierno de Nicolás Maduro y podría ser utilizado como una herramienta de criminalización política.
La normativa, con su lenguaje ambiguo, abre la puerta a posibles procesos penales arbitrarios, tanto contra ciudadanos venezolanos como contra actores internacionales que critiquen al régimen o apoyen las sanciones impuestas por la comunidad internacional.
Además, esta ley parece orientada a perseguir no solo actos de apoyo directo al embargo, sino también opiniones públicas, asesorías legales y vínculos internacionales con gobiernos y entidades que hayan expresado su desaprobación hacia el régimen chavista.
La aprobación de esta ley ocurre en un contexto de crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, especialmente después de incautaciones de buques que transportaban crudo venezolano sancionado en el Caribe.
El pasado domingo, Washington interceptó un tercer buque petrolero frente a las costas venezolanas, lo que representó la segunda incautación de esa índole durante el fin de semana pasado, después de que la Guardia Costera norteamericana interviniera otro barco del régimen chavista el sábado.
Este aumento de las confiscaciones ocurre solo días después de que el presidente Donald Trump ordenara un “bloqueo total y completo” a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, lo que intensifica la presión sobre el gobierno de Maduro.
En respuesta, Maduro ordenó a la Armada venezolana escoltar los buques petroleros del país. Por el momento, algunos buques de bandera cubana, que tradicionalmente operaban entre Cuba y Venezuela, se mantienen en puertos cubanos o en aguas territoriales, evitando navegar hacia Venezuela.
El investigador Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, explicó que los buques cubanos, a excepción de los de carga como el Ocean Mariner y el gasero Eugenia Gas, han dejado de operar en las aguas venezolanas debido al riesgo asociado.
Simultáneamente, EEUU ha incrementado su presencia militar en la región del Caribe, desplegando más de 15.000 efectivos y una poderosa flota naval. Este aumento de la presencia militar estadounidense en la zona marca uno de los mayores movimientos de este tipo en décadas.
