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Venezuela: un país sin ley donde se instalan los grupos terroristas

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Venezuela: un país sin ley donde se instalan los grupos terroristas

El país suramericano en medio de una crisis política, social y económica, se ha convertido en una nación anárquica

avenidas, calles, mercados - Venezuela12

Las calles de Venezuela son sumamente inseguras. (Foto: Periódico Cubano)

Al mejor estilo de Robin Hood o Pablo Escobar, en donde las personas empiezan a defender, respetar y querer a delincuentes, porque aunque hagan actividades ilícitas, reparten ayuda a los sectores más vulnerables de su comunidad.

Un grupo de rebeldes, considerados terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea por llevar a cabo atentados y secuestros durante décadas de violencia, para algunas poblaciones venezolanas son una especie de héroes.

En Guarero, Venezuela, estos comandos o grupos anti gobierno, llevan agua potable a los residentes de los pajonales áridos, imparten talleres de agricultura y ofrecen revisiones médicas.

Median en las disputas por la tierra, multan a los ladrones de ganado, resuelven divorcios, investigan delitos y castigan a los ladrones.
No son policías, ni funcionarios, ni miembros del gobierno, que prácticamente ha desaparecido de esta zona empobrecida del país.

El colapso económico de Venezuela ha destruido tanto el país que los insurgentes se han instalado en grandes extensiones de su territorio, aprovechando la ruina de la nación para establecer sus propios mini-Estados.

Y lejos de huir por miedo o exigir que las autoridades los rescaten, muchos residentes aquí en las zonas fronterizas de Venezuela —hambrientos, perseguidos por las bandas locales de narcotraficantes y que denuncian desde hace tiempo el abandono de su gobierno— han dado la bienvenida al grupo terrorista por el tipo de protección y servicios básicos que el Estado no les proporciona.

Los insurgentes “son los que aquí trajeron la estabilidad”, señaló a EFE, Ober Hernández, un líder indígena de la península de la Guajira junto a Colombia.

Los guerrilleros marxistas del Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, el mayor grupo rebelde que queda en América Latina, comenzaron a cruzar a la parte venezolana de la península el año pasado desde Colombia, donde han estado en guerra con el gobierno durante más de 50 años.

El alcance de los insurgentes en Venezuela se hizo aún más evidente el mes pasado, cuando el gobierno lanzó la mayor operación militar en décadas para desplazar a una facción disidente de otro grupo rebelde colombiano —las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— del remoto estado de Apure, donde los guerrilleros tendían emboscadas y colocaban minas improvisadas.

Como en otros lugares de América Latina, Venezuela albergaba grupos armados ilegales mucho antes de la actual crisis económica. Las guerrillas colombianas han utilizado el campo venezolano como refugio durante décadas, y las barriadas descuidadas de Caracas han sido durante mucho tiempo hogar del crimen organizado.

Pero pocas veces las organizaciones criminales han ejercido tanto control territorial y económico (y el gobierno tan poco) como ahora, una potente ilustración de la descomposición de la nación durante el gobierno de Maduro.

En el sur de Venezuela, los brutales grupos armados conocidos como sindicatos que dominan la minería ilegal gestionan el suministro de electricidad y combustible, a la vez que proporcionan equipos médicos a las clínicas de las ciudades que controlan.

En la carretera interestatal que atraviesa Paraguaipoa hasta la frontera, ocho organismos de seguridad del gobierno tienen puestos de control: la policía estatal, la policía nacional, la agencia de inteligencia, la guardia nacional y el ejército. Pero usan los puestos para extorsionar a los comerciantes y a los emigrantes que intentan escapar de Venezuela, lo que no hace más que aumentar la desconfianza en el gobierno.

A pocos pasos de la carretera, la presencia del Estado se evapora. El ELN y otros grupos armados controlan los innumerables caminos de tierra que serpentean hacia la porosa frontera, y el contrabando que circula por ellos.

El tráfico de gasolina a Colombia, que había sostenido la exigua economía de la Guajira cuando el combustible en Venezuela era abundante y estaba subvencionado, disminuyó a medida que las refinerías venezolanas se paralizaron.

Las comunidades wayuu, que durante décadas se ganaron la vida traficando con productos a través de la frontera, empezaron a pasar hambre.

La Violencia se desató en todo el sector, eran comunes los enfrentamientos entre bandos que necesitaban el control de todo ese extenso territorio, además de su importancia por ser frontera con Colombia.

Guarero era un campo de batalla, en donde la vida común de sus residentes se fue extinguiendo, ya los niños no podían jugar en las calles, no obstante todo cambio cuando el ELN, asumió el cargo de veladores de aquellas tierras.

Cuando el ELN tomó las riendas, los combates disminuyeron y los refugiados comenzaron a regresar. La vida en la calle se reanudó en pueblos que antes estaban desiertos, y los jóvenes volvieron a transportar bidones de combustible desde Colombia en bicicletas y motocicletas para revenderlos en Venezuela.

Pero aun así que sean insurgentes, que hayan sido ejecutores de contrabando, secuestros y asesinatos, los residentes de Guarero, sienten admiración y confianza por las fuerzas del ELN.

Para Zenaida Montiel, que tuvo que enterrar a un hijo y un sobrino, gracias a la violencia pasada, ahora todo ha cambiado.
“Ahora hay una nueva ley”, expresó. “Me siento más segura”.

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