Vinculan a Manuel Rocha con la compra de derechos sobre propiedades confiscadas en Cuba

Rocha ocupó varios cargos importantes estando en La Habana, entre ellos, el de Oficial Principal Adjunto en la entonces Sección de Intereses de EEUU. (Captura de pantalla © 2001-2009.state.gov – Web)

La reciente detención en Miami de Manuel Rocha, quien fuera embajador estadounidense y ahora ha sido acusado de espiar para el régimen castrista, ha dejado al descubierto varias subtramas de su presunta actividad encubierta durante más de 40 años.

Detalles revelados por El Nuevo Herald indican que viajó por varias regiones de Estados Unidos intentando comprar derechos sobre propiedades estadounidenses que fueron confiscadas sin compensación durante los primeros momentos de la llegada de Fidel Castro al poder. El objetivo era que, ante una eventual negociación entre Cuba y EEUU para quitar el embargo, los dueños de esas empresas confiscadas ya no tuvieran posición para bloquear los acuerdos.

Junto a Rocha también supuestamente se dedicó a lo mismo Timothy Ashby, otrora subsecretario adjunto de Comercio para el Hemisferio Occidental. Ambos habrían ocultado las operaciones de compra a través de la empresa offshore Siboney LTD.

Sin embargo, Ashby, aún activo como consultor en negocios con Cuba, expresó su sorpresa y desconcierto ante las acusaciones contra Rocha. “Él es la última persona que hubiera pensado que era un agente de la inteligencia cubana. Era fuertemente anticomunista, muy pro-republicano y bastante conservador. Y lo destacó durante todo el tiempo que lo conocí”, comentó Ashby.

Carolyn Chester y Javier Bengochea, herederos de reclamaciones en Cuba, relatan sus interacciones con Rocha y Ashby, describiendo ofertas sospechosas y encuentros que ahora parecen tener un significado más profundo a la luz de las recientes revelaciones.

Jason Poblete, abogado y experto en reclamaciones, dijo al citado medio que “si andas vendiendo tus derechos a alguien que lo está haciendo para Cuba para facilitar una inversión que esta quería hacer, digamos, con una compañía francesa, eso va en contra de la política estadounidense porque facilita que los extranjeros inviertan en Cuba bajo el embargo vigente”.

En su momento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro jugó un papel crucial al advertir que la transferencia de reclamaciones certificadas contra Cuba requería autorización, un obstáculo que finalmente frustró los planes de Rocha y Ashby. El Departamento de Estado y el Congreso de EEUU han sido instados a investigar las acciones de Rocha en relación con estas reclamaciones de propiedad.

Tras 64 años de dominio comunista en Cuba, se han acumulado 5.913 reclamaciones certificadas por ciudadanos y empresas estadounidenses sobre propiedades confiscadas en la Isla. Todo está valorado en 8.7 mil millones de dólares. Estas reclamaciones son un pilar del embargo estadounidense y cualquier resolución de estas es clave para una potencial normalización de relaciones entre Cuba y EEUU.