El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel anunció este viernes un paquete de medidas económicas dirigido a modificar aspectos considerados “sustanciales” del funcionamiento del país, en medio de una profunda crisis humanitaria y de la creciente presión ejercida por la administración de Donald Trump.
Desaliñado y el rostro demacrado por el evidente cansancio, anunció a los medios de los canales oficialistas algunos cambios que se implementarán en algunos sectores claves de la economía. Periódico cubano pudo corroborar que el video publicado el 12 de junio en las redes del Canal Caribe no precisó cuándo entrarán en vigor las medidas, su alcance real, ni qué normas las respaldarán.
Entre los puntos adelantados figuran la incorporación de nuevos actores al sector turístico, la posibilidad de realizar importaciones y exportaciones de forma directa, la eliminación de actividades actualmente prohibidas para algunos actores económicos y una reducción del aparato estatal.
También se mencionaron medidas para eliminar trabas al desarrollo empresarial, ampliar el acceso a la tierra para quienes puedan producirla, permitir nuevos participantes en la gestión y producción de energía y fomentar la movilidad eléctrica.
Un nuevo paquete de reformas para Cuba
El anuncio se inscribe en una secuencia de reformas que el Gobierno cubano ha venido presentando durante los últimos meses como parte de una estrategia para “actualizar” su modelo económico. En marzo, Díaz-Canel ya había hablado de implementar transformaciones urgentes vinculadas con la autonomía empresarial y municipal, la producción de alimentos, el cambio de la matriz energética, las exportaciones y el redimensionamiento del aparato estatal.
El problema, como ha ocurrido con otros anuncios económicos en Cuba, está en la distancia entre la formulación política y la aplicación práctica. Las autoridades suelen presentar las medidas como flexibilizaciones, pero luego quedan sujetas a regulaciones, permisos, limitaciones administrativas o controles que reducen su impacto.
El contexto es especialmente delicado. Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas, con caída productiva, inflación, déficit energético, escasez de alimentos y una fuerte dependencia de ingresos externos. En ese escenario, cualquier cambio en importaciones, exportaciones, turismo, energía o producción agropecuaria puede tener consecuencias directas sobre la vida diaria de los cubanos.
Turismo, comercio exterior y energía: los sectores bajo revisión
Uno de los puntos más llamativos es la posible entrada de nuevos actores al sector turístico, una actividad históricamente dominada por el Estado y por empresas extranjeras bajo esquemas controlados desde estructuras oficiales. No se ha aclarado si esa apertura incluirá a mipymes, cooperativas, trabajadores privados, empresas mixtas o cubanos residentes en el exterior.
También destaca la posibilidad de permitir importaciones y exportaciones directas. Hasta ahora, muchas operaciones del sector no estatal han dependido de intermediarios autorizados, lo que encarece procesos, introduce demoras y limita la autonomía empresarial. Una autorización directa podría aliviar parte de esas trabas, siempre que venga acompañada de reglas claras, acceso financiero y mecanismos operativos viables.
En el área energética, el anuncio menciona la entrada de nuevos actores en la gestión y producción de energía, además del fomento de la movilidad eléctrica. La medida llega en un país golpeado por apagones frecuentes, déficit de generación y problemas de combustible.
Sin detalles, sin embargo, queda por ver si se trata de pequeños proyectos locales, inversión extranjera, participación privada o nuevas formas de asociación con entidades estatales.
La ampliación del acceso a la tierra también puede ser relevante si permite producir más alimentos y reducir dependencia de importaciones. Pero en Cuba, la agricultura lleva años limitada por falta de insumos, restricciones de comercialización, problemas de transporte, bajos incentivos y excesivo control estatal sobre los productores.
Menos burocracia, pero con dudas sobre la aplicación
La reducción del aparato estatal aparece como otro eje de las reformas. En propuestas recientes ya se había planteado disminuir el número de ministerios y fusionar competencias actualmente repartidas entre varias instituciones. La reorganización administrativa busca, según el discurso oficial, hacer más eficiente la gestión pública y reducir una estructura burocrática demasiado pesada para una economía contraída.
Díaz-Canel había defendido previamente esa idea al afirmar: “Un país pequeño, con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande ni tanta burocracia, lo cual hace que los procesos no sean eficientes”.
La pregunta central es si esa reducción significará solo una fusión de organismos o si implicará cambios reales en la toma de decisiones, en la autonomía de las empresas y en la capacidad de los actores económicos para operar sin controles excesivos.
Por ahora, el anuncio abre más interrogantes que certezas. Las medidas apuntan a áreas sensibles de la economía cubana y podrían tener impacto si se aplican con profundidad, transparencia y garantías. Pero mientras no se publiquen normas, plazos, requisitos y límites concretos, siguen siendo una promesa política en medio de una crisis que exige resultados urgentes.
