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Bacardí pierde apelación en EEUU por los derechos de la marca Havana Club

La empresa enfrenta un litigio con la compañía estatal cubana Cubaexport desde hace décadas
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Bacardí sostiene que el gobierno cubano confiscó ilegalmente en 1960 el nombre de Havana Club. (Foto © Periódico Cubano)

En medio de la disputa por los derechos de la marca de ron Havana Club en el mercado estadounidense, una corte federal de apelaciones falló este martes contra Bacardí en un litigio que enfrenta desde hace décadas con la compañía Cubaexport, una empresa estatal del régimen castrista, confirmó Reuters.

Periódico Cubano confirmó la decisión a través de una publicación emitida por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, Virginia, donde se menciona un respaldo a una decisión previa que validó la renovación del registro federal de la marca Havana Club a favor de Cubaexport.

La resolución representa un nuevo revés legal para Bacardí en una controversia marcada por la confiscación de activos privados en Cuba tras la llegada del fallecido dictador Fidel Castro al poder.

Bacardí sostiene que el gobierno cubano confiscó ilegalmente en 1960 el nombre y los activos de Havana Club a José Arechabala S.A., la empresa que originalmente producía ese ron en la Isla.

La compañía, que también salió de Cuba tras la revolución, compró posteriormente los derechos remanentes de la marca y comenzó a vender ron Havana Club en EEUU en 1995.

La crisis del azúcar en Cuba sacude a marcas internacionales de ron de lujo
En los años 90, Pernod Ricard firmó un acuerdo con la Corporación Cuba Ron para manejar la marca Havana Club. (Foto © Periódico Cubano)

Cubaexport, por su parte, registró la marca Havana Club en territorio estadounidense durante 1976. Luego renovó ese registro en 1986 y 1996. El conflicto se agravó cuando la empresa estatal intentó renovarlo nuevamente en 2005.

Ese año, el proceso quedó bloqueado porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), se negó inicialmente a emitir una licencia necesaria debido al embargo contra Cuba.

La situación cambió en 2016, durante los últimos meses del gobierno de Barack Obama. OFAC emitió una licencia que autorizó retroactivamente el pago realizado por Cubaexport en 2005. Con esa autorización, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos aprobó la renovación del registro.

Bacardí demandó a la oficina de marcas en 2021. Su argumento central era que el registro de Cubaexport debió expirar en 2006, debido a que la renovación no había sido completada dentro del plazo legal.

Sin embargo, el panel de tres jueces del Cuarto Circuito concluyó que la licencia de OFAC eliminó el obstáculo legal que había impedido considerar válido el pago hecho en 2005.

“La licencia de OFAC despejó la niebla, removiendo el obstáculo legal que había impedido que la transferencia de 2005 contara como pago. Lo que parecía incompleto en 2006 era, para 2016, oportuno y efectivo”, dijo la corte en su opinión.

El juez Julius N. Richardson escribió la opinión, respaldada por los jueces Paul V. Niemeyer y Allison Jones Rushing. El tribunal sostuvo que la Oficina de Patentes y Marcas actuó dentro de su autoridad legal y explicó de forma razonable su decisión.

Advierten a empresa extranjera por posible tráfico de propiedades confiscadas en Cuba

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El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado que no se permitirá la entrada a EEUU a personas relacionadas con el tráfico de propiedades confiscadas en Cuba. (Captura de pantalla de referencia © Departamento de Estado – YouTube)

El aviso fue confirmado por Periódico Cubano a partir de una publicación en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, aunque Washington no reveló el nombre de la compañía, su sector ni la ubicación de los bienes investigados.

La comunicación advierte que altos directivos, accionistas principales o responsables de la entidad podrían enfrentar restricciones de visa bajo el Título IV de la Ley Libertad, o Helms-Burton.

Esta norma permite negar la entrada a EEUU a extranjeros que se beneficien de propiedades reclamadas por ciudadanos estadounidenses. La medida también puede alcanzar a familiares cercanos y agentes de los señalados.

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