
Las sanciones impulsadas por Donald Trump contra el régimen cubano están elevando la presión sobre las entidades financieras españolas que todavía operan en la Isla. Banco Sabadell y Alto Cedro Banco Corporativo, propiedad del empresario Javier Botín, han quedado especialmente expuestos.
De acuerdo con fuentes financieras citadas por ABC, la evolución de las sanciones ha supuesto “un punto más de presión y vigilancia” para ambas entidades. El periódico no afirma que estén preparando su salida de Cuba, pero señala que el nuevo marco estadounidense pone en jaque su posición en el país.
Sabadell cuenta con una oficina de representación en La Habana y participa al 50% en Financiera Iberoamericana junto con el estatal Banco Internacional de Comercio. Su actividad está orientada a empresas y no incluye depósitos de particulares. El negocio cubano aportó 4,23 millones de euros a sus resultados de 2025.
En junio, fuentes del banco aseguraron que la entidad permanecería en Cuba, aunque ajustaría su operativa. La situación se ha vuelto más delicada después de que Washington incorporara a su lista negra nuevas empresas vinculadas al conglomerado militar GAESA.
Alto Cedro obtuvo en 2023 autorización del Banco Central de Cuba para operar como banco corporativo. La entidad de Javier Botín (hermano de la presidenta del Santander, Ana Botín) ofrece servicios a personas jurídicas cubanas y extranjeras.
Sanciones de Trump amenazan a bancos extranjeros en Cuba
El cambio decisivo llegó con la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo. La disposición amplió el alcance de las sanciones a personas y compañías extranjeras relacionadas con sectores cubanos como energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros puede sancionar a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas para entidades bloqueadas. Las medidas incluyen restricciones sobre cuentas corresponsales en Estados Unidos o el congelamiento de bienes bajo jurisdicción estadounidense.
La amenaza va más allá de las compañías incluidas formalmente en las listas. Bancos, aseguradoras y navieras pueden cortar relaciones con Cuba para evitar multas o dificultades para operar en dólares y acceder al sistema financiero internacional.
Washington sancionó a GAESA en mayo y posteriormente añadió al Banco Financiero Internacional, Rafin, el Ministerio de Turismo y otras empresas estatales. En julio también señaló a intermediarios acusados de ayudar al Gobierno cubano a eludir restricciones.
Visa, Mastercard y el turismo sienten el impacto
Las consecuencias ya son visibles. El Banco Central de Cuba informó que un banco extranjero encargado de procesar operaciones con Visa y Mastercard interrumpió su relación con Fincimex, vinculada a GAESA. Desde el 6 de junio, Cuba quedó imposibilitada de recibir pagos mediante esas tarjetas internacionales.
El golpe afecta al turismo y al comercio, pero también profundiza el aislamiento bancario. Cada entidad que se retira reduce las vías para recibir pagos, financiar importaciones o mover divisas. Las empresas privadas cubanas también pueden enfrentar mayores costos y dificultades para procesar sus transacciones.
La presión se extendió al sector hotelero. Iberostar dejó de gestionar 12 de sus 18 establecimientos en Cuba, mientras Meliá terminó retirándose de los 34 hoteles que operaba. Barceló y otras compañías también redujeron o finalizaron actividades. Entre enero y abril de 2026, la llegada de turistas internacionales cayó alrededor de un 56% interanual, según Reuters.
Una crisis que golpea directamente a los cubanos
Las sanciones financieras se suman al bloqueo estadounidense de los suministros de petróleo, que redujo la disponibilidad de combustible. Cuba ha sufrido repetidos colapsos eléctricos y apagones de entre 10 y 20 horas en numerosas zonas. La falta de energía repercute en el transporte, la producción de alimentos, el agua y los hospitales.
La Habana acusa a Washington de aplicar una política de “asfixia” destinada a provocar el colapso. La Administración Trump sostiene que busca cortar los ingresos de la cúpula gobernante y del aparato militar, al que acusa de financiar la represión.
La crisis, sin embargo, no comenzó con las sanciones de 2026. La economía arrastraba años de contracción, baja producción, falta de divisas, deterioro de la infraestructura y problemas derivados del modelo estatal. Datos oficiales citados por Reuters indicaban que el producto interno bruto había disminuido aproximadamente un 10 % desde 2019.
El nuevo cerco agrava esas vulnerabilidades. Aunque las sanciones están dirigidas formalmente contra el Gobierno y determinadas entidades, la retirada de bancos, procesadores de pagos, hoteleras y proveedores afecta también a trabajadores, emprendedores y consumidores.
La situación de Sabadell y Alto Cedro muestra el alcance de la presión: permanecer en Cuba implica riesgos crecientes, pero una eventual retirada estrecharía todavía más los limitados canales financieros de la Isla.

