
El régimen cubano ha vuelto a recurrir a inspecciones, multas, decomisos y cierres contra negocios privados apenas semanas después de retirar los precios máximos de varios alimentos.
La nueva ofensiva ya se aplica en La Habana y otras provincias, donde las autoridades intentan frenar mediante sanciones el aumento de precios que las propias medidas económicas oficiales no han conseguido contener.
El Consejo de la Administración Municipal de Plaza de la Revolución informó este miércoles sobre 20 inspecciones realizadas a establecimientos administrados por actores económicos no estatales. Los controles estuvieron dirigidos principalmente a revisar precios, formas de comercialización y sistemas de pago.
Durante los operativos, los inspectores encontraron salchichas, aceite, pollo y picadillo que se comercializaban sin mostrar públicamente su precio. Las autoridades también señalaron supuestas prácticas de compra y reventa con valores considerados “abusivos y especulativos”.
Multas y ventas forzosas contra negocios privados en La Habana
Las inspecciones terminaron con 17 multas aplicadas mediante el Decreto 30/2021 del Ministerio de Finanzas y Precios. Además, funcionarios municipales ordenaron tres ventas forzosas. El comunicado no detalló qué mercancías fueron afectadas ni cuánto tuvieron que pagar los consumidores después de la intervención estatal.
Otro establecimiento quedó temporalmente paralizado debido a que no utilizaba pasarelas electrónicas para efectuar los cobros. En este caso, las autoridades impusieron una sanción amparada en el Decreto Ley 91/2024.
El gobierno de Plaza de la Revolución anunció que continuará incrementando las inspecciones. Entre las medidas previstas figuran nuevos decomisos, ventas obligatorias, multas y cierres temporales que podrían extenderse hasta tres meses.
Cuba eliminó los topes de precios semanas antes
La presión sobre los comerciantes privados llega después de que el Ministerio de Finanzas y Precios derogara los precios minoristas máximos para productos como pollo troceado, aceites comestibles —exceptuando el de oliva—, leche en polvo, pastas y salchichas. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 150/2026.
Miguel Díaz-Canel había reconocido previamente que aquella política no logró controlar la inflación. Según admitió, las restricciones provocaron escasez de determinados productos en los establecimientos, desvíos hacia mercados informales y nuevos incrementos en los precios.
Pese a ese reconocimiento, gobiernos territoriales están recurriendo nuevamente a mecanismos administrativos para presionar al sector privado. En Sancti Spíritus, una operación reciente terminó con más de 200 multas y al menos cinco establecimientos cerrados por infracciones relacionadas principalmente con precios y pagos electrónicos.
Guantánamo fija un precio de referencia para el aceite
Este miércoles, las autoridades municipales de Guantánamo situaron en 2.200 pesos el denominado precio de referencia del aceite. También anunciaron decomisos, ventas forzosas, multas y cierres de hasta tres meses para quienes incumplan las disposiciones, aunque rechazaron que la medida constituya oficialmente un nuevo tope.
En Granma, mientras tanto, el Gobierno Provincial convocó a importadores privados de alimentos y artículos de aseo para buscar “soluciones conjuntas”. Las decisiones evidencian otro giro de la política económica oficial: tras retirar controles por considerarlos ineficaces, las autoridades vuelven a utilizar medidas coercitivas para intentar contener unos precios cada vez más alejados de los salarios y pensiones de buena parte de la población cubana.

