La Administración de Donald Trump presentó demandas para retirar la ciudadanía estadounidense a dos cubanos condenados por delitos graves: Javier Marrero Pando, de 60 años, y Lázaro Eduardo Trujillo Vitón, de 40 años.
Las autoridades sostienen que ambos ocultaron conductas delictivas anteriores a su naturalización. Las demandas todavía deben resolverse y no constituyen una revocación automática.
Los casos forman parte de 40 acciones civiles de desnaturalización presentadas entre el 21 de agosto y el 2 de octubre de 2026, informó el Departamento de Justicia (DOJ). La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Javier Marrero Pando
La demanda contra Marrero Pando fue presentada en el Distrito Medio de Georgia. El Gobierno argumenta que no reveló durante su proceso de ciudadanía una agresión sexual cometida contra un hombre con necesidades especiales, un hecho que posteriormente admitió ante la justicia.
En junio de 2022, el cubano se declaró culpable de sodomía agravada. Durante aquella audiencia reconoció que, en mayo de 2020, obligó a la víctima a realizar actos contra su voluntad. Recibió una condena de cadena perpetua, con la ejecución suspendida salvo por 15 años de prisión.
La acusación sobre su naturalización se centra en la entrevista de octubre de 2020, posterior a la agresión. Según las autoridades, afirmó bajo juramento que nunca había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestado. El gobierno considera que esa respuesta ocultó información relevante para evaluar su solicitud.
Lázaro Eduardo Trujillo Vitón
El segundo procedimiento corresponde a Trujillo Vitón y fue presentado en el Distrito de Columbia. La demanda sostiene que escondió su participación en una conspiración para defraudar al sistema sanitario y la presentación de reclamaciones fraudulentas para obtener reembolsos de Medicare.
Trujillo fue condenado después de adquirir la ciudadanía. Sin embargo, el DOJ señala que los delitos ocurrieron antes de su naturalización y argumenta que, por esas conductas y su ocultamiento, no cumplía el requisito de buena conducta moral exigido para obtenerla.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite revocar la ciudadanía adquirida mediante naturalización cuando fue obtenida ilegalmente, mediante ocultamiento de información relevante o declaraciones falsas deliberadas. Ese es el fundamento invocado por las autoridades para solicitar la cancelación de ambos certificados.
Aunque existen condenas penales, las alegaciones sobre cómo obtuvieron la ciudadanía deben examinarse en estos procesos civiles. Corresponderá a los tribunales determinar si el gobierno demuestra las causas legales para retirarles la nacionalidad estadounidense; la presentación de las demandas no anticipa ese resultado.
Las otras solicitudes de revocación son para personas oriundas de Colombia, Reino Unido, México, Pakistán, India, Filipinas, Sierra Leona, Venezuela, Afganistán, Egipto, Nigeria, Camerún, Nepal, Perú, Haití, Ghana, Irán, China, Camboya, Ghana y Canadá.
El incremento de estas demandas pone el foco en los datos declarados al solicitar la residencia y la ciudadanía. Entre ellos figuran los antecedentes penales, el uso de otras identidades, las órdenes migratorias anteriores y cualquier actividad delictiva que pudiera haber influido en el cumplimiento de los requisitos.
Para los cubanos, las advertencias también incluyen la omisión de información sobre su trayectoria personal. Abogados consultados previamente han señalado que ocultar datos relevantes durante los trámites migratorios o de naturalización puede generar consecuencias legales.
