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Cuba quiere que empresas privadas ayuden a financiar las escuelas: así funcionaría

La iniciativa deberá ser examinada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2026
Imagen de un niño cubano saliendo de la escuela.
La propuesta representa un cambio en la manera de obtener recursos para un sistema escolar sostenido históricamente por el Estado(Foto ilustrativa © Periódico Cubano)

El Gobierno cubano contempla permitir que empresas privadas, organizaciones y otras formas de gestión no estatal contribuyan al financiamiento de las instituciones educativas, según establece el anteproyecto de Ley de Educación que actualmente se encuentra en consulta pública. La propuesta representa un cambio en la manera de obtener recursos para un sistema escolar sostenido históricamente por el presupuesto estatal.

La iniciativa, que deberá ser examinada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2026, también contempla que los organismos educativos creen fundaciones y mipymes para generar ingresos propios. Sin embargo, el Estado mantendría la administración de las escuelas y el control de la política educativa.

Empresas privadas podrían financiar escuelas estatales en Cuba

El artículo 41 del anteproyecto de Ley de Educación establece que las instituciones educativas continuarán siendo administradas, financiadas y dotadas de recursos por el Estado, desde la primera infancia hasta la enseñanza superior.

No obstante, el apartado tercero introduce una posibilidad significativa: complementar los fondos públicos mediante recursos locales, aportaciones de formas de gestión estatal y no estatal, y cooperación nacional e internacional.

Esto permitiría, por ejemplo, que un negocio privado contribuya económicamente al funcionamiento de una institución educativa, siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes. El documento no determina cuánto podrían aportar esas empresas ni establece mecanismos concretos para distribuir las contribuciones.

La propuesta tampoco significa que se autorice la apertura de colegios privados independientes. El Estado conservaría la rectoría, regulación y supervisión del sistema, mientras que el artículo 6 reafirma el carácter público, gratuito y laico de la educación.

El cambio adquiere especial relevancia después de que el régimen comenzara a modificar el funcionamiento económico de sus instituciones públicas. En abril, el Decreto 127 abrió un debate sobre el futuro de las unidades presupuestadas, al introducir mecanismos para aumentar sus ingresos y autonomía financiera.

Fundaciones, mipymes y nuevas fuentes de ingresos para la educación

Otra disposición importante aparece en el artículo 239, que reconoce como fuentes complementarias de financiamiento los servicios docentes, científicos y técnicos, las donaciones nacionales e internacionales y los proyectos de desarrollo.

Además, autoriza a los organismos formadores a establecer estructuras destinadas a obtener ingresos adicionales, entre ellas fundaciones, empresas interfaz y micro, pequeñas y medianas empresas, conforme a las regulaciones vigentes.

Esto no supone que cualquier emprendedor pueda constituir una escuela privada. Las entidades mencionadas estarían vinculadas a los organismos formadores y tendrían que funcionar dentro del marco jurídico establecido.

El artículo 241 también contempla que determinados recursos complementarios sean gestionados de forma descentralizada por autoridades educativas provinciales y municipales, en coordinación con los gobiernos territoriales.

En cuanto a los servicios privados relacionados con la enseñanza, el anteproyecto reconoce la participación de formas de gestión no estatal y establece mecanismos de preparación metodológica y supervisión.

Esta disposición se relaciona con las regulaciones aprobadas en julio de 2026 para el cuidado infantil y las clases particulares, que mantuvieron restricciones a la constitución de academias privadas y a la contratación de profesores.

El artículo 64 del nuevo texto prevé que el sistema educativo capacite y certifique al personal dedicado al cuidado infantil no estatal. Por su parte, el artículo 211 contempla reconocer conocimientos adquiridos mediante cursos impartidos por entidades productivas y formas de gestión no estatal, con certificaciones expedidas por instituciones educativas autorizadas.

Una apertura económica frente a la crisis de las escuelas cubanas

La propuesta legislativa llega mientras numerosas instituciones educativas enfrentan escasez de profesores, dificultades materiales y problemas para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza.

La precariedad económica también afecta directamente a los trabajadores. En julio, empleados de una escuela de Camagüey denunciaron varios meses de salarios impagos. Posteriormente, profesores de Ciego de Ávila denunciaron pagos salariales realizados con billetes de un peso.

En este contexto, la incorporación de financiamiento privado podría proporcionar recursos adicionales para determinados centros, aunque el anteproyecto no garantiza que esos fondos lleguen por igual a todas las escuelas.

La diferencia económica entre territorios constituye uno de los principales interrogantes. Las instituciones ubicadas en zonas con mayor actividad empresarial podrían tener más posibilidades de atraer aportaciones que aquellas situadas en comunidades empobrecidas. Se trata de un riesgo potencial, no de una consecuencia demostrada de la futura legislación.

El documento también incorpora disposiciones sobre transformación digital. Su artículo 224 propone promover el uso crítico y ético de inteligencia artificial, tecnología blockchain y realidad aumentada en la gestión educativa, aunque no establece un calendario de implementación ni garantiza los recursos tecnológicos necesarios.

La futura ley sustituiría la Ley 680 de diciembre de 1959, uno de los instrumentos jurídicos fundamentales de la enseñanza cubana después del triunfo revolucionario.

De aprobarse con la redacción actual, entraría en vigor 60 días hábiles después de su publicación en la Gaceta Oficial, según su disposición final cuarta. Hasta entonces, las posibilidades de financiamiento recogidas en el anteproyecto no constituyen nuevas autorizaciones legales directamente aplicables.

El interrogante central será si el Gobierno consigue transformar estas fuentes adicionales de ingresos en mejoras tangibles para las escuelas, sin trasladar progresivamente a las familias y al sector privado responsabilidades financieras que actualmente corresponden al Estado.

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