Abogado de Cubalex demanda a varios funcionarios cubanos

Abogado de Cubalex demanda a varios funcionarios cubanos (LARITZA DIVERSENT/TWITTER).

Este martes 14 de enero el abogado cubano Julio Ferrer presentó ante la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, una demanda en proceso administrativo contra varios funcionarios cubanos.

En esta ocasión actuó contra el Ministro del Interior Julio César Gandarilla Bermejo, el Teniente Coronel Roylán Hernández Concepción, el Mayor Ihosvany Fuentes Coll y el Primer Teniente Yuriezna Ibañez.

El abogado cubano de 61 años, argumenta que en Cuba no existe un Estado de Derecho, por lo que desde hace años ha presentado demandas para demostrarlo.

A pesar de que ha actuado legalmente contra varios funcionarios cubanos, los jueces han recurrido a diferentes argumentos para desestimarlas.

La demanda interpuesta que presentó este martes se sustenta en una serie de hechos que guardan relación directa con la prohibición injustificada de salida del país que pesa sobre el abogado, uno más de los “regulados” de Cuba.

El pasado 8 de enero, también ante la Sala Primera de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Ferrer presentó otra demanda contra el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, número de radicación 13 de 2020 en el Proceso Administrativo.

“Soy optimista”, dijo Ferrer a CubaNet, ante la pregunta de si tienen algún resultado tales demandas en un país en que no hay división entre los poderes del Estado.

“Soy de la opinión que sí, aunque no obtenga el resultado deseado, pues en primer término constituyen una forma de denuncia sustentada, en fundamentos legales, de los atropellos que cometen como práctica habitual las autoridades para con los ciudadanos, y de la violación de sus derechos constitucionales y humanos”, aseguró.

Abogado del Centro de Información Legal Cubalex desde 2015, Julio Ferrer opina que no realizar las demandas lo convierte en cómplice de estas ilegalidades.

“Las demandas nos permiten dejar constancia testimonial en el ámbito judicial, en esa memoria histórica, de tales atropellos, violaciones y sus autores, demandas que pudieran tener trascendencia en un futuro no muy lejano cuando Cuba ciertamente sea un Estado de Derecho y exista libertad y democracia, y sea posible exigirles cuenta”, explicó.

“El objetivo que persigo, en sentido general, es, desde el ordenamiento jurídico imperante, poner de manifiesto que Cuba no es ni será bajo este régimen un Estado de Derecho, estado de cosas en el que las autoridades, los que se dicen servidores públicos, se erigen como los principales infractores de la legalidad”, añadió el jurista.

Ferrer estuvo regulado hasta diciembre de 2018, fecha en que expiró una sanción que le fue impuesta de forma arbitraria por pertenecer a Cubalex y tras lo cual pudo solicitar pasaporte y viajar en más de una ocasión.

Sin embargo, el pasado 23 de octubre de 2019, cuando pretendía participar como observador en las elecciones regionales de Colombia, fue impedido nuevamente de abordar su vuelo.

“Legalmente no estoy regulado, esa es la causa de la demanda. Esto ha sido un acto arbitrario de algún funcionario para conmigo, como especie de un ajuste de cuentas o castigo por no haberme doblegado nunca a las presiones de las autoridades, por las reiteradas denuncias y demandas”, sentenció.

El Instituto Patmos dio a conocer el pasado 31 de diciembre un listado de 223 ciudadanos cubanos que fueron impedidos de salir de Cuba por motivos políticos.

La lista la conforman activistas pro derechos humanos, artistas, periodistas independientes, líderes religiosos y otros actores de la sociedad civil independiente cubana, que a pesar de contar con todos sus papeles en orden no pueden salir del país.