El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la orden para que alrededor de 600 abogados militares actúen como jueces en las Cortes de Inmigración. El objetivo es acabar con la saturación de los casi cuatro millones de casos sin resolver, pero la actuación del personal militar en la rama civil genera preocupación.
Según funcionarios del Departamento de Justicia, en las próximas semanas se incorporarán los primeros 150 juristas militares a desempeñar las funciones de jueces, aunque con carácter temporal.
A raíz de la intensificación de las políticas migratorias implementadas por la administración Trump, se optó por modificar los requisitos para los jueces temporales. Con este cambio, ya no será necesario tener experiencia previa en derecho migratorio para ocupar el cargo, lo que ha desatado preocupación entre defensores de los derechos humanos.
La decisión de incorporar a abogados militares a las cortes migratorias ha generado fuertes críticas, especialmente por la posible falta de imparcialidad. Estos abogados, quienes están subordinados al Departamento de Defensa —bajo el mando del presidente Trump—, podrían tener conflictos de interés en su rol como jueces.
La falta de experiencia de estos abogados en el ámbito del derecho migratorio, particularmente en casos de asilo, ha sido señalada como una grave preocupación por parte de abogados y activistas.
Los expertos han advertido que este movimiento podría resultar en una aceleración de las deportaciones, comprometiendo el derecho de los migrantes a un juicio justo. Al carecer de la especialización necesaria para evaluar los casos de asilo y otros casos complejos, los abogados militares podrían emitir decisiones erróneas que afecten los derechos fundamentales de los migrantes.
Este esfuerzo de incorporar abogados militares como jueces forma parte de un paquete de reformas impulsadas por la administración Trump para abordar la saturación del sistema judicial migratorio.
En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional ha lanzado una campaña nacional de reclutamiento para oficiales de deportación, investigadores y abogados, buscando reducir la carga de trabajo de las cortes y acelerar los procesos.
El periodista Mario J. Pentón conversó con el abogado de inmigración Mayron Gallardo quien expresó preocupación con la medida, pero instó a los migrantes en EEUU a no rendirse en sus procesos legales.
El experto insiste en no abandonar la lucha por la legalización y mantenerse al tanto de cualquier cambio en su estatus es fundamental para asegurar sus derechos en un contexto cada vez más complejo.
