La administración de Donald Trump ha elevado en los últimos días su discurso contra el conglomerado militar cubano GAESA, en medio de una sucesión de mensajes oficiales, sanciones y advertencias financieras que apuntan a un endurecimiento de la presión estadounidense sobre una de las principales estructuras económicas controladas por las Fuerzas Armadas de Cuba.
Aunque Washington no ha anunciado hasta este miércoles 26 de agosto una nueva medida específicamente dirigida contra GAESA, la concentración de pronunciamientos procedentes del Departamento de Estado coincide con una ofensiva mucho más amplia que durante los últimos meses ha ido alcanzando empresas, funcionarios y sectores estratégicos de la economía cubana.
Uno de los mensajes más recientes procede de Juan Pablo Segura, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien acusó este martes al modelo económico cubano controlado por los militares de concentrar la riqueza y el poder en manos de una pequeña élite.
“En todo el mundo, el crecimiento económico proviene de la competencia, el emprendimiento y la transparencia. El modelo cleptocrático de Cuba, controlado por los militares, concentra la riqueza y el poder en manos de unas pocas élites del régimen, mientras limita las oportunidades de los cubanos de a pie”, escribió Segura en X.
En todo el mundo, el crecimiento económico se debe a la competencia, el espíritu empresarial y a la transparencia. El modelo cleptócrata de Cuba, controlado por los militares, concentra la riqueza y el poder en manos de unas pocas élites del régimen, al tiempo que limita las… pic.twitter.com/yhufueajgZ
— Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) August 25, 2026
No se trata de una declaración aislada. Apenas unos días antes, el funcionario había vuelto a poner el foco sobre la imposibilidad de fiscalizar las cuentas de GAESA. Periódico Cubano informó entonces sobre el caso de la excontralora cubana Gladys Bejerano y sus declaraciones sobre la imposibilidad de auditar directamente al poderoso conglomerado militar.
Segura relacionó esa falta de supervisión con los aproximadamente 18.000 millones de dólares en activos atribuidos a GAESA por investigaciones recientes y acusó al conglomerado de haber privado al pueblo cubano de recursos que podrían destinarse a otras necesidades del país.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana también amplificó las declaraciones del funcionario desde su cuenta oficial.
GAESA lleva meses en el centro de la estrategia estadounidense
La insistencia de Washington sobre GAESA adquiere mayor importancia cuando se observa lo ocurrido desde mayo.
Estados Unidos ya colocó directamente al conglomerado militar y a su máxima dirección en el centro de su nueva política de sanciones. Periódico Cubano informó en ese momento sobre las medidas adoptadas contra GAESA y Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del conglomerado.
Desde entonces, la presión no se ha detenido. En junio, Washington amplió las medidas contra empresas relacionadas con el entramado económico militar cubano. Entre las entidades afectadas estuvieron BFI y RAFIN S.A., instituciones financieras cuya sanción aumentó el riesgo para bancos y compañías extranjeras que continúen manteniendo determinadas operaciones con ellas.
Periódico Cubano explicó entonces qué consecuencias podían tener las sanciones contra BFI y RAFIN y por qué podían cerrar nuevas puertas financieras al gobierno cubano. Aquella medida tenía una característica especialmente importante: no buscaba únicamente congelar los activos de las empresas designadas dentro de la jurisdicción estadounidense.
También introducía una presión adicional sobre terceros. Marco Rubio advirtió a bancos y empresas internacionales sobre los riesgos de continuar facilitando determinadas operaciones con entidades sancionadas. En la práctica, esa amenaza puede tener un impacto superior al bloqueo directo, porque instituciones que no son estadounidenses pueden decidir cortar relaciones comerciales con compañías cubanas para proteger su acceso al sistema financiero de Estados Unidos.
En julio, esta redacción volvió a analizar ese efecto al explicar que las nuevas sanciones podían provocar el cierre de cuentas, contratos y relaciones con bancos internacionales.
El Departamento de Estado ha ido ampliando los objetivos
La estrategia tampoco ha quedado limitada a GAESA. Durante los últimos meses, Washington ha sancionado estructuras vinculadas con las Fuerzas Armadas, organismos estatales y compañías de sectores considerados estratégicos.
El 6 de agosto, por ejemplo, Estados Unidos anunció sanciones contra cinco entidades y ocho personas acusadas de participar en la adquisición de equipamiento militar en el extranjero destinado al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otros órganos de seguridad cubanos.
Las medidas fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, el mismo nuevo marco utilizado por la administración Trump para ampliar su capacidad de actuación contra estructuras económicas y militares cubanas. Se detalló entonces las entidades y personas vinculadas a la adquisición de equipamiento militar que fueron incorporadas a las sanciones estadounidenses.
También en julio, el Departamento de Estado sancionó diez entidades relacionadas con sectores como turismo, comercio exterior, transporte marítimo y estructuras represivas.
La ofensiva recibió el respaldo de la mayoría republicana del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que lanzó entonces una advertencia mucho más política: “Aquellos que han reprimido al pueblo cubano enfrentarán consecuencias”.
Hasta el Comando Sur ha colocado a GAESA bajo la lupa
Existe además otro elemento que hace especialmente llamativa la actual concentración de mensajes. GAESA ya no aparece únicamente en declaraciones del Departamento de Estado o del Departamento del Tesoro.
El Comando Sur de Estados Unidos también ha advertido sobre las implicaciones regionales del conglomerado militar. Un análisis difundido este mismo mes abordó su peso económico, sus vínculos internacionales y la concentración de sectores estratégicos bajo control militar.
La participación de SOUTHCOM en el debate amplía considerablemente el enfoque estadounidense sobre el conglomerado: deja de tratarse exclusivamente de corrupción, opacidad financiera o derechos humanos para entrar también en el terreno de la seguridad regional.
Washington tiene herramientas para ampliar las sanciones
Más importante que la retórica es el marco jurídico disponible. La Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo, permite al Gobierno estadounidense actuar contra personas y entidades relacionadas con sectores cubanos como defensa, energía, minería, servicios financieros y seguridad.
También permite designar a quienes proporcionen determinado apoyo financiero, material o tecnológico a personas y organizaciones bloqueadas. Eso significa que el riesgo no necesariamente termina en GAESA.
La presión puede avanzar hacia subsidiarias, directivos, intermediarios y compañías relacionadas con sus operaciones, mientras que determinadas instituciones financieras extranjeras pueden exponerse a consecuencias si facilitan transacciones significativas con actores sancionados.
Precisamente esa capacidad de extender el efecto de las sanciones más allá de Cuba ha sido uno de los elementos centrales de la estrategia aplicada durante los últimos meses.
Trump acaba de mantener vigente otra poderosa herramienta contra Cuba
A esta secuencia se suma una decisión adoptada apenas unos días atrás. Donald Trump firmó el 20 de agosto la Determinación Presidencial 2026-21, publicada oficialmente el 25 de agosto, mediante la cual extendió hasta septiembre de 2027 determinadas facultades relacionadas con Cuba bajo la Trading With the Enemy Act.
La decisión no constituye por sí sola una nueva sanción. Sin embargo, garantiza la continuidad de uno de los principales marcos legales utilizados durante décadas para mantener las Cuban Assets Control Regulations.
Periódico Cubano explicó este martes qué significa realmente la decisión de Trump de extender esta histórica herramienta legal contra el gobierno cubano y aclaró que la renovación convive actualmente con la nueva Orden Ejecutiva 14404. En otras palabras, la administración dispone ahora de varios mecanismos de presión funcionando simultáneamente.
¿Preparan nuevas medidas contra GAESA?
Por ahora, no existe un anuncio oficial que permita afirmar que una nueva ronda de sanciones contra GAESA sea inminente. Pero la secuencia resulta significativa.
En pocos meses, Estados Unidos ha sancionado directamente al conglomerado y a figuras de su dirección, alcanzado empresas relacionadas, advertido a bancos extranjeros, aplicado nuevas medidas contra estructuras militares y estatales y elevado públicamente las acusaciones sobre la riqueza acumulada por GAESA.
A ello se suma que el discurso contra el conglomerado vuelve a intensificarse desde una oficina especialmente relevante: la de Juan Pablo Segura, responsable de implementar la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe desde el Departamento de Estado.
La propia reacción de La Habana refleja la sensibilidad del asunto. Desde comienzos del verano, las autoridades cubanas y los medios estatales han dedicado una atención creciente a defender al conglomerado.
Incluso el gobierno cubano llegó a emitir un pronunciamiento específicamente destinado a rechazar las acusaciones de opacidad y las presiones estadounidenses contra la estructura militar. La declaración oficial cubana sobre GAESA y la escalada con Estados Unidos también fue analizada anteriormente por Periódico Cubano.
Nada de esto demuestra por sí mismo que Washington tenga preparada una nueva sanción para anunciar en los próximos días.
Sin embargo, el incremento del discurso contra GAESA ocurre cuando la administración Trump ya cuenta con herramientas legales para avanzar sobre empresas subsidiarias, directivos, intermediarios y eventualmente actores financieros extranjeros relacionados con el conglomerado.
Por ello, los próximos movimientos del Departamento del Tesoro, OFAC y el Departamento de Estado serán especialmente relevantes. Si Washington decide dar otro paso para limitar las fuentes de financiamiento del gobierno cubano, GAESA vuelve a aparecer como uno de los objetivos más evidentes.
