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Más de 4.000 cubanos habitan viviendas “ilegales” en Matanzas

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Más de 4.000 cubanos habitan viviendas “ilegales” en Matanzas

Autoridades prevén ofrecer mayor atención a los ciudadanos a partir del mes de septiembre

Más de 4.000 personas han presentado solicitudes ante las autoridades de Matanzas para legalizar sus viviendas, luego de que el Consejo de Ministros aprobara una serie de acuerdos sobre este tema durante el pasado mes de abril, informó ACN.

El subdirector jurídico de la Vivienda en Matanzas, Noel R. Pérez Rosabal, aseguró a la agencia estatal que al menos 3.714 casos se recibieron hasta el primero de agosto en las 13 oficinas de trámites de Matanzas y se estima que estas cifras aumenten considerablemente durante el próximo mes de septiembre.

Pérez Rosabal explicó que la mayoría de estos casos se han registrado en el municipio cabecera, donde unas 1.212 personas han acudido a realizar sus trámites. Sin embargo, apenas veinte de estas solicitudes han sido aceptadas debido a problemas internos del departamento de Planificación Física.

Sobre esta situación, el subdirector provincial de Vivienda aseguró que la dinámica de atención sufrirá cambios a partir del próximo mes de septiembre ya que se establecerá un horario de trabajo extendido a fin de garantizar atención a la mayor cantidad de solicitantes.

Asimismo, recalcó que ahora mismo se encuentran trabajando en la elaboración de algunas pancartas informativas, con el objeto de que los solicitantes puedan acceder a mayor información relacionada a las características del proceso, el cual se prevé implementar en toda la Isla en un periodo de seis años aproximadamente.

En cuanto al resto de los municipios matanceros, Noel Pérez dijo que las oficinas han funcionado en total normalidad y que han logrado finalizar con una primera parte de los trámites; pero existe un porcentaje de ellos que requieren ser procesados con mayor rapidez para poder concluirlos antes del plazo establecido de 100 días.

El funcionario también recordó que durante este año 2019 se trabajará de manera intencional en la localidad de Canímar, un sector ubicado hacia la periferia de la ciudad y reconocido por ser uno de los 30 barrios ilegales de toda la provincia.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades, esta nueva política es una respuesta a la necesidad de establecer un proceso de legalización de las viviendas, habitaciones, cuartos y locales para poder llevar en orden el estatus de la vivienda en la Isla y ofrecer solución habitacional a miles de familias.

Lamentablemente, en este momento gran cantidad de familias cubanas se encuentran atravesando un grave problema de vivienda, las cuales se han visto obligadas a permanecer hacinadas junto a otras familias, e incluso en la calle debido a la falta de respuestas y soluciones por parte de las autoridades.

Las viviendas de algunos grupos familiares también se han visto afectadas por los diversos eventos naturales que se han registrado en Cuba, tal como ocurrió a inicios de este año, cuando el paso de un tornado causó estragos en la capital del país, y como sucedió en 2017 con la llegada del huracán Irma a la costa norte de Cuba.

Hasta el momento, muchos de los afectados continúan esperando respuestas de las autoridades para poder realizar las reparaciones de sus casas.

 

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