El presentador cubano Alexander Otaola informó públicamente que inició un proceso para retirar la ciudadanía estadounidense al reguetonero Dany Ome, tras conocerse que el artista se encuentra de visita en Cuba junto a su colega musical Kevincito el 13.
La polémica surgió a raíz de señalamientos sobre la supuesta vinculación de la gira con entidades estatales cubanas incluidas en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Otaola argumentó que, al presentarse en lugares administrados por empresas afiliadas al conglomerado militar GAESA, como Palco S.A. o Cubiza, ambos artistas podrían haber incurrido en una violación directa de las normativas estadounidenses.
“La OFAC puede imponer multas de hasta 350.000 dólares por cada infracción si se comprueba que participaron en transacciones prohibidas”, declaró el influencer desde su espacio en redes sociales.
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Durante su transmisión, Otaola también responsabilizó a la falta de acción de la comunidad cubana en el exilio como uno de los factores que han permitido que este tipo de casos pasen desapercibidos.
“La denuncia ciudadana es esencial; sin presión, las instituciones no actúan”, afirmó. Mencionó además a organizaciones como Cuba Demanda, dirigidas por activistas como Santiago Alpízar, que promueven la documentación y el seguimiento de presuntas violaciones a las leyes internacionales.
El centro del debate se intensificó cuando se hizo pública una declaración del representante de la agrupación, quien habría admitido que la gira fue contratada a través de una empresa privada registrada en Cuba, presuntamente ligada al empresario conocido como “El Puma”.
Aunque no se especificó el nombre legal de la entidad, el entorno empresarial del país caribeño mantiene estrechos vínculos con estructuras estatales, según diversos informes.
Palco S.A., mencionada como posible sede de uno de los conciertos, es una empresa estatal gestionada por GAESA, dedicada a servicios inmobiliarios, organización de ferias y convenciones. Desde julio de 2025, esta compañía cobra sus servicios en dólares a través de Cubiza, su inmobiliaria subsidiaria, bajo un esquema financiero aprobado por el Estado cubano.
La participación de ciudadanos estadounidenses en actividades económicas con estas entidades está prohibida. La denuncia impulsada por Otaola no solo apunta a los artistas, sino que también pone en tela de juicio la responsabilidad de quienes operan en el ámbito cultural desde el exilio.
La reacción en redes sociales ha sido dividida. Una encuesta en la plataforma Tiffany Record TV arrojó que el 67 % de los espectadores apoyan la decisión del presentador de llevar el caso ante las autoridades, mientras un 18% lo considera un acto mediático.
Por el momento, ni Dany Ome ni Kevincito el 13 han emitido declaraciones públicas. Tampoco se ha confirmado si la OFAC ha recibido formalmente la denuncia. Este incidente reabre el debate sobre la legalidad y las implicaciones morales de los vínculos comerciales entre artistas de la diáspora y entidades controladas por el gobierno cubano.
