Una abogada de inmigración ha causado indignación a nivel internacional, luego de dejar pendientes y en un limbo migratorio más de 53.000 casos de inmigración en Estados Unidos.
Alexandra Lozano, la exabogada de inmigración que se hizo conocida como la “Abogada de los milagros”, enfrenta una investigación federal y demandas de antiguos clientes que la acusan de haber utilizado estrategias migratorias fraudulentas y de cobrar miles de dólares por trámites que, según las denuncias, dejaron a numerosos inmigrantes en riesgo de deportación.
El caso ha dejado decenas de miles de expedientes en incertidumbre y ha llamado la atención de las autoridades estadounidenses, mientras sus antiguos clientes buscan saber qué ocurrió con sus procesos.
La historia comenzó a adquirir notoriedad después de que aumentaran las quejas contra Lozano y su despacho, que atendía principalmente a inmigrantes latinoamericanos.
Las demandas sostienen que la firma promovía solicitudes basadas en programas humanitarios como VAWA y las visas T y U, destinadas a determinados sobrevivientes de violencia, trata de personas y otros delitos.
Según las acusaciones, algunos expedientes habrían incluido relatos falsos o exagerados de abusos que los propios clientes desconocían. También se cuestionó que trabajadores que no eran abogados estadounidenses participaran en la preparación de los casos. Lozano ha negado las acusaciones.
El alcance de la operación comenzó a conocerse cuando el Colegio de Abogados del Estado de Washington abrió una investigación disciplinaria. La revisión reveló que la firma estaba relacionada con más de 53.000 casos migratorios pendientes ante autoridades federales.
En mayo de 2026, Lozano renunció a su licencia profesional en lugar de enfrentar el proceso disciplinario y quedó permanentemente inhabilitada para ejercer en Washington.
Posteriormente también fue suspendida para representar clientes ante USCIS, los tribunales de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Para sus clientes, las consecuencias fueron inmediatas. El cierre del despacho dejó miles de expedientes sin una representación clara y obligó a USCIS a pedir a los antiguos clientes que actualizaran sus direcciones para poder continuar procesando sus solicitudes.
Organizaciones especializadas en inmigración también recomendaron revisar cada expediente con un abogado independiente.
Entre los casos que han salido a la luz está el de inmigrantes que terminaron enfrentando procesos de deportación después de pagar cantidades elevadas al despacho.
Una de las historias más conocidas es la de Nora Murillo, quien llevaba 27 años en EEUU y atribuye a una solicitud presentada por Lozano el fracaso de su proceso migratorio y su posterior deportación a México.
Aunque la mayoría de las víctimas identificadas públicamente son mexicanas y centroamericanas, el caso también resulta relevante para los cubanos que utilizan servicios privados para buscar residencia, permisos de trabajo o protección migratoria.
Los cubanos pueden recurrir a diferentes vías migratorias y algunas de ellas tienen requisitos específicos, por lo que una solicitud preparada incorrectamente puede tener consecuencias importantes.
En julio, una demanda ampliada pasó de nueve a 34 demandantes y pidió proteger determinados bienes de Lozano para responder a posibles daños. Las acusaciones incluyen mala práctica legal, incumplimiento de contrato, fraude y otras violaciones, pero ninguna de ellas equivale todavía a una condena judicial.
El caso llegó además al ámbito federal. La Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS comenzó a entrevistar a denunciantes, según funcionarios citados por EL PAÍS, mientras analiza si existen elementos para presentar el caso ante un gran jurado. Por ahora, Lozano no enfrenta cargos penales.
Para los inmigrantes cubanos, el episodio deja una advertencia práctica: pagar miles de dólares a un abogado no garantiza que un trámite sea correcto ni que exista una vía legal para obtener el beneficio prometido.
Ante cualquier proceso migratorio, especialmente cuando se ofrecen resultados rápidos o soluciones presentadas como extraordinarias, es importante comprobar personalmente qué solicitud fue presentada, qué documentos contiene y cuál es realmente la situación del expediente.
