Un panel de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, con sede en Filadelfia, determinó que ciertos migrantes con años de residencia en Estados Unidos no pueden ser privados automáticamente de una audiencia para solicitar fianza, un fallo que representa un nuevo golpe judicial para la política de detención obligatoria impulsada por la Administración de Donald Trump.
La decisión, aprobada por dos jueces y con un voto en contra, cuestiona la interpretación utilizada por el gobierno federal para aplicar de manera más amplia una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y mantener bajo custodia a personas que ya habían construido una vida en territorio estadounidense.
El caso surgió tras las demandas presentadas por Gabriel Buele Morocho y Wanderson Lopes De Andrade, dos inmigrantes que llevaban varios años viviendo en el país antes de ser detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La jueza Patty Shwartz, autora de la opinión mayoritaria junto al juez Theodore McKee, consideró que la interpretación del gobierno era demasiado amplia y que negar automáticamente una audiencia de fianza podía entrar en conflicto con las garantías de debido proceso establecidas en la Quinta Enmienda de la Constitución.
La jueza Jennifer Mascott, nombrada POR Trump, presentó una opinión contraria y sostuvo que el fallo establece una diferencia difícil de justificar entre distintos grupos de inmigrantes detenidos.
¿Qué significa este fallo explicado de forma sencilla?
Para entenderlo con un ejemplo, un cubano que entró a EEUU, consiguió establecerse durante varios años, trabajó, formó una familia y luego fue detenido por ICE, podría tener derecho a pedir que un juez analice su caso individualmente.
Eso no significa que automáticamente quedaría libre ni que recibiría un beneficio migratorio. La audiencia solo permitiría evaluar factores como sus antecedentes, sus vínculos con la comunidad, si representa un riesgo o si existe peligro de que no se presente a sus citas judiciales.
La disputa legal gira alrededor de una norma migratoria
El conflicto se centra en la sección 1225(b)(2)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una disposición que establece reglas de detención para personas consideradas solicitantes de admisión a EEUU.
Desde 2025, la Administración Trump comenzó a utilizar esta norma de manera más amplia para argumentar que algunos inmigrantes que ya se encontraban dentro del país podían ser sometidos a ese régimen.
La aplicación de esa sección puede llevar a una detención obligatoria sin audiencia individual de fianza. En cambio, otras disposiciones como la sección 1226(a) permiten que los inmigrantes detenidos soliciten una revisión ante un juez.
Durante esa audiencia, el juez migratorio puede analizar las circunstancias particulares y decidir si la persona debe permanecer detenida o puede continuar su proceso en libertad.
El Tercer Circuito concluyó que el gobierno no puede convertir automáticamente a inmigrantes con años de permanencia en EEUU en personas sujetas a las mismas reglas aplicadas a quienes intentan ingresar al país.
A principios de este mes ocurrió un fallo similar en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en San Francisco. Uno de los integrantes de la mayoría a favor fue Daniel Bress, juez designado por el propio Trump.
