Las autoridades cubanas anunciaron una tarifa única de 90 pesos cubanos por kilowatt-hora (kWh) para comprar los excedentes de electricidad generados por hogares, empresas y entidades con paneles solares fotovoltaicos u otras fuentes renovables.
La medida, recogida en la Resolución 114/2026 publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 45, entrará en vigor el 1 de junio y busca incentivar la generación distribuida en medio de la severa crisis eléctrica que afecta a la isla.
La nueva tarifa representa un aumento drástico frente a los precios fijados en 2023, que oscilaban entre tres y seis pesos por kWh. En el caso del sector no residencial, el salto equivale a multiplicar por 30 el valor anterior.
El cambio intenta hacer más atractiva la venta de energía al Sistema Eléctrico Nacional, aunque llega en un país donde la mayoría de los hogares no tiene capacidad económica para adquirir sistemas solares completos.
La viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz Mantecón, presentó la medida en conferencia de prensa y la calificó como “un estímulo sustancial para la participación popular”. Según la funcionaria, el objetivo es motivar a todos los actores, incluida la población, a contribuir a la transformación energética del país.
La tarifa será única, sin diferenciación por horario, y aplicará tanto al sector residencial como al no residencial. La resolución también exonera del pago del impuesto sobre los servicios los ingresos obtenidos por la venta de excedentes. Sin embargo, Ortiz Mantecón aclaró que esa exención no elimina otras obligaciones fiscales generales.
El directivo adjunto de la Unión Eléctrica, Mario Castillo Salas, explicó que los usuarios con contratos ya firmados serán actualizados automáticamente a partir del 1 de junio, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Para los nuevos interesados, la UNE comenzará a recibir solicitudes desde el 28 de mayo mediante un mecanismo en línea, aunque se mantendrá la opción presencial para quienes no tengan conectividad.
El procedimiento completo tomará unos diez días. Incluye una visita técnica para comprobar las condiciones de seguridad, el cambio del medidor convencional por uno bidireccional y la firma del contrato.
La primera facturación con reconocimiento de la energía generada está prevista entre el 20 y el 30 de junio, mientras que los pagos se entregarían entre el 1 y el 10 de julio.
La decisión forma parte de la Estrategia Nacional de Transformación de la Matriz Energética, con la que el régimen intenta reducir la dependencia de combustibles fósiles.
En marzo, Cuba ya había actualizado normas para la contratación de potencia solar en parques estatales, un mecanismo que permite a personas y entidades financiar capacidad fotovoltaica, aunque sin recibir paneles propios ni garantía de suministro continuo.
El contexto es crítico. En las últimas semanas, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció que el país no tenía reservas de diésel ni fueloil suficientes para sostener la generación eléctrica, mientras reportes recientes ubican los déficits por encima de los 2.000 MW en horarios de alta demanda.
A esa crisis se suma la reducción o suspensión de suministros petroleros desde aliados tradicionales. Reportes internacionales han señalado que México frenó envíos de crudo a Cuba en enero de 2026 y que la llegada de petróleo venezolano también quedó paralizada tras el deterioro regional.
