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Aprueban por decreto la realización del censo de población y viviendas en 2022
Se llevará a cabo entre el 10 y el 29 de septiembre
Todavía está por verse en qué situación queda Cuba después de la pandemia para poder realizar un censo dentro de un año. (Foto: Periódico Cubano)
El Consejo de Ministros de Cuba aprobó por decreto las normativas a utilizar en el próximo censo de población y viviendas que se llevará a cabo entre el 10 y el 29 de septiembre de 2022. El texto justifica que se debe seguir con la secuencia recomendada de realizar un ejercicio estadístico de esta magnitud una vez cada 10 años.
El censo del 2022 será el decimonoveno en la historia de Cuba y tan solo el cuarto desde 1959. Además, el del próximo año formará parte de la Ronda Internacional de los Censos del 2020, y tiene como objetivo principal recabar información sobre las características demográficas, sociales, económicas y educacionales
De acuerdo con el decreto aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en Gaceta Oficial, los datos recabados en las jornadas censales servirán para que “el Estado tome acciones encaminadas a resolver las problemáticas reflejadas”.
De parte de los ciudadanos que serán encuestados queda la obligación de proporcionar “la información veraz solicitada” a través del cuestionario censal. En Cuba, con 11,2 millones de habitantes, los últimos censos de población y viviendas tuvieron lugar en los años 2002 y 2012.
En estos años se constató que la población cubana envejeció como consecuencia de la migración de los jóvenes al tiempo que disminuyó la población, pues en promedio las mujeres cubanas tienen cada vez menos hijos debido a la crisis económica por la que atraviesa el país.
Estudios realizados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información prevén que para el 2030 el 30% de la población cubana tendrá más de 60 años, lo que colocaría a la Isla como el país más envejecido de América. En este momento, el porcentaje ronda el 21%.
Durante el censo de 2022 se espera recabar datos que reflejen el impacto de la COVID-19 con el número real de fallecidos y las consecuencias de pobreza tras la entrada en vigor de la llamada Tarea Ordenamiento.
