Bancos cubanos permiten que terceras personas usen tarjetas magnéticas de fallecidos

El sistema bancario cubano es incapaz de ofrecer soluciones efectivas para prevenir fraudes y proteger los fondos de sus clientes. (Captura de pantalla © Canal Caribe – YouTube)

En Cuba, la manipulación de tarjetas magnéticas pertenecientes a personas fallecidas ha generado una gran alarma, no solo por la ilegalidad de estos actos, sino por lo que revela sobre el mal funcionamiento del sistema bancario nacional, controlado por el Estado.

Las recientes declaraciones de directivos del Banco Metropolitano (Banmet) evidencian la falta de soluciones y la desconexión entre el sistema bancario, los organismos del Estado y la realidad tecnológica del país.

Según explicaron los directivos en una entrevista con el portal oficialista Cubadebate, el procedimiento para bloquear una cuenta tras la muerte de su titular depende, en gran medida, de que un familiar lo notifique al banco o de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social envíe la información correspondiente. Este sistema rudimentario y dependiente de terceros abre las puertas para el uso fraudulento de los fondos aun después del fallecimiento del titular de la cuenta.

Siria María Cruz Ibarra, directora de Banca Personal del Banco Metropolitano, señaló que el banco no tiene la capacidad de saber por sí mismo si una persona ha fallecido. La informatización del proceso —que debería ser la herramienta clave para prevenir fraudes— es insuficiente. Aunque se menciona un mecanismo de inactivación automática después de dos años sin movimientos, la lentitud del sistema permite que las cuentas sigan siendo utilizadas por terceros, incluso meses después del fallecimiento del titular.

Lo más preocupante es que el banco no asume responsabilidad alguna si las tarjetas o herramientas de banca electrónica, como Transfermóvil, son utilizadas por alguien distinto al titular. Aunque la ley exige que el uso sea personal, en la práctica muchos cubanos recurren a familiares o terceros debido a razones como enfermedad, edad avanzada o emigración.

El banco, consciente de estas prácticas extendidas, se escuda en la violación del contrato por parte del cliente en lugar de implementar soluciones tecnológicas efectivas y seguras. Los funcionarios sostienen que el contrato lo establece todo, y que si un cliente comparte su PIN o tarjeta, está violando los términos. No obstante, el sistema bancario cubano es incapaz de ofrecer soluciones efectivas para prevenir fraudes y proteger los fondos de sus clientes, quienes muchas veces no tienen más opción que confiar sus cuentas a familiares o vecinos.

La respuesta institucional se limita a señalar que la responsabilidad recae siempre en el titular de la cuenta, pero si este fallecido, ¿cómo se protege a los herederos? La respuesta institucional es que no hay protección.

El sistema bancario no tiene un mecanismo eficiente para verificar en tiempo real si el titular de una cuenta sigue vivo. La falta de verificación cruzada entre los registros civiles, la Seguridad Social y el sistema bancario genera un vacío legal y operativo. Este vacío es aprovechado por personas que continúan extrayendo pensiones o fondos de cuentas sin bloqueo.

Aún más grave es la admisión de que el banco solo descubre que una cuenta ha sido utilizada por un tercero cuando ocurre una queja o una investigación. En un entorno bancario moderno, esto sería inadmisible, pero en Cuba, donde la modernización tecnológica sigue siendo una promesa lejana, los bancos estatales siguen gestionando los fondos ciudadanos con métodos que parecen sacados de los años 80.

Los fraudes no se limitan únicamente a cuentas de fallecidos. Según los directivos del banco, los casos de personas que permiten el uso de sus tarjetas o credenciales para realizar transferencias irregulares son frecuentes.

Se mencionan incluso redes organizadas que acceden a datos personales mediante engaños o suplantación, cometiendo fraudes con total impunidad. Sin embargo, en lugar de reforzar la seguridad digital o crear mecanismos de verificación biométrica, las autoridades bancarias siguen insistiendo en que el problema radica en el “desconocimiento” y la “falta de educación financiera” de los clientes.

El banco no dispone de estadísticas claras sobre fraudes, herencias en litigio o cuentas manipuladas por terceros. Además, las consecuencias legales para quienes cometen estos actos tampoco están claras. Aunque se menciona que estos casos pueden derivar en procesos penales, no se ofrecen cifras, ejemplos ni sanciones concretas.