Durante la primera reunión del Consejo Municipal de Hialeah, bajo la administración del alcalde Bryan Calvo, se aprobó una medida que elimina restricciones administrativas heredadas del gobierno anterior, que limitaban el acceso de concejales y funcionarios electos a documentos públicos de la ciudad.
La decisión, impulsada directamente por Calvo, puso fin a una política establecida durante la administración del exalcalde Esteban Bovo Jr., que obligaba a los funcionarios electos a pagar elevadas sumas de dinero para obtener información municipal.
Diversos sectores habían interpretado estas restricciones como un mecanismo interno de control político que obstaculizaba la fiscalización y el escrutinio del uso de los recursos públicos.
Durante la sesión, el propio Calvo recordó que esas normas fueron utilizadas en su contra cuando era concejal, al intentar acceder a documentos relacionados con presuntas irregularidades y gastos cuestionables en el departamento del 911 de la ciudad.
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Aquel intento derivó en una demanda contra el entonces alcalde Bovo y, posteriormente, en un bloqueo institucional desde el propio Concejo, lo que, a su juicio, evidenció una cultura de opacidad y resistencia a la supervisión interna.
Con la nueva ordenanza, se restituye el acceso pleno y sin barreras económicas a los documentos municipales para todos los oficiales electos, una medida que el nuevo alcalde calificó como esencial para garantizar el correcto funcionamiento del gobierno local.
La votación fue interpretada como una señal temprana del estilo de gobierno que busca implantar la nueva administración, centrado en la supervisión, la rendición de cuentas y la protección de los mecanismos de control institucional como parte fundamental del servicio público.
Tras asumir el cargo, Calvo arrancó su gobierno con la firma de tres órdenes ejecutivas como respuesta a sus promesas de campaña. La primera establece el rechazo explícito de cualquier vínculo de la ciudad con el régimen castrista y autoriza la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar licencias comerciales, con el objetivo de suspender aquellas relacionadas con intereses del gobierno cubano.
En su discurso de victoria, ya había advertido que Hialeah no sería un refugio para quienes se beneficiaron del sistema represivo de La Habana, una línea que ahora busca traducirse en acciones administrativas concretas.
El alcalde también firmó una orden ejecutiva para eliminar las pensiones de los funcionarios electos, incluida la suya, una de las promesas centrales de su campaña. La iniciativa será presentada al Concejo Municipal para su votación y eventual adopción legislativa.
Además, suscribió una tercera orden que motiva una revisión exhaustiva de todos los contratos municipales, con el fin de detectar y erradicar posibles casos de fraude, abuso o malgasto de fondos públicos, cerrando así una jornada que definió el tono de su naciente administración.
Durante su toma de protesta, celebrada ante funcionarios electos y residentes, el nuevo alcalde aseguró que su administración no estará enfocada en “administrar excusas”, sino en resolver los problemas estructurales que arrastra Hialeah. “Aquí venimos a trabajar para los residentes. Lo mejor de Hialeah está por venir”, afirmó, alternando su discurso entre el inglés y el español.
