Casi 300 cubanos firman misiva dirigida a Patrick Leahy

Para que interceda en su diálogo con La Habana y busque que el régimen deje de violar sus propias leyes para frenar el libre movimiento de sus ciudadanos, cerca de 300 miembros de la sociedad civil cubana, incluyendo líderes opositores y activistas de derechos humanos, enviaron una carta abierta al senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy.

Como reacción a las nuevas medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump que restringen, entre otras, las visitas de estadounidenses a Cuba, dentro del programa «people to people», el pasado 6 de junio, Leahy adelantó su intención de presentar una ley en el Congreso de los EEUU que «garantice y proteja el derecho de sus ciudadanos a viajar libremente a cualquier lugar, sin que el Gobierno pueda impedirlo».

En ese sentido, «287 ciudadanos cubanos, de todas las profesiones, niveles e ideologías, de fuera y dentro de Cuba» se pronunciaron a favor de la iniciativa, pero aclararon algunos puntos de declaraciones realizadas por el legislador demócrata anteriormente.

«Los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en cualquier parte del mundo, deben de estar fuera del alcance de los gobiernos. No deben ser objeto de la interpretación política de quienes son elegidos justamente para protegerlos», indicaron.

«En su presentación Ud. contrastaba en este asunto la posición de su Gobierno, democráticamente electo, con la del Gobierno cubano, no electo por el pueblo, argumentando que un gobierno represivo era capaz, no obstante, de permitir la libre entrada y salida de Cuba a nuestros connacionales», le espetaron.

Sin embargo, los firmantes de la misiva aclararon que «esta percepción, desafortunadamente, y compartida por muchos interlocutores internacionales del Gobierno cubano, no se corresponde con la realidad».

«La incompleta reforma migratoria de 2013 en Cuba está rota. Solo un año después de su implementación, comenzó a ser violentada por el Gobierno cubano cuando algunos de nuestros compatriotas, desde médicos a ingenieros a amas de casa, ciudadanos todos en plenitud de sus derechos, veían como en el aeropuerto se les comunicaba la prohibición, sin mandato legal, de viajar fuera del país», señalaron.

«Hoy, cinco años después, como rigurosamente vienen documentando organizaciones de la sociedad civil, son ya más de 300 los compatriotas a quienes de forma arbitraria se les impide salir al exterior. Y no solo al exterior. También se les impide viajar y residir libremente dentro del país», añadieron.

Los suscriptores de la misiva consideran que «entre los EEUU y Cuba hay muchas diferencias (…) algunas esenciales. Mientras los EEUU parecen necesitar una ley para proteger el libre movimiento de sus ​ciudadanos, Cuba ya las tiene: tanto en la Reforma Migratoria de 2013, que parecía expresar la voluntad del Estado de ponerse a tono con un derecho fundamental, como en la Constitución aprobada, que en su artículo 52 reconoce y expresa este derecho».

«Mientras en los EEUU los funcionarios, policías incluidos, pueden ser llevados a juicio y sancionados cuando violan los derechos de sus ciudadanos, en Cuba gozan de total impunidad no solo para violarlos sino para violentar, golpear, secuestrar y humillar a simples ciudadanos que solo quieren llegar al aeropuerto o a cualquier terminal de transporte dentro de Cuba para ejercer de forma pacífica un derecho consagrado constitucionalmente, como expresión de la voluntad entera de una nación», dijeron a Leahy.

Sostuvieron que «mientras en los EEUU impera la ley, en Cuba impera el poder. Un poder que se da el lujo incluso de utilizar e instrumentar un derecho como el de la libertad de movimiento para intentar expulsar a cubanos de su propio país ―un patrón de violencia legal que ha sido exportado a la Venezuela capturada por Nicolás Maduro y los militares―, para impedir la libre entrada de cubanos que viven en el exterior y para, violando e invitando a la violación de la ley, invitarlos contradictoriamente a invertir en Cuba».

«Los estadounidenses y los cubanos podemos y debemos trabajar juntos para hacer progresar nuestras relaciones. Hacerlo solo entre gobiernos no ha resultado eficaz. Es importante hacerlo además con y entre ciudadanos» añadieron.

Por esta razón, argumentaron que «el Gobierno y el Congreso de los EEUU deben mirar también al pueblo de Cuba, que evidentemente no es lo mismo que el Gobierno de Cuba» y añadieron que «los cambios actuales en la política migratoria hacia nuestro país no favorecen ni al pueblo, incluido a miles de familias a ambos lados del Estrecho de la Florida, ni a ciudadanos cubanos proactivos en la lucha por la democracia».

Ante lo que describieron como «privilegiada interlocución con el Gobierno cubano», propusieron a Leahy que traslade a La Habana la necesidad del «respeto de la ley y la Constitución» que aprobó en febrero y entró en vigor el pasado 10 de abril.

«Primero, que abogue frente al Gobierno cubano para que respete el Artículo 52 de la Constitución cubana recién aprobada. Junto a la reforma migratoria de 2013 las autoridades de Cuba han instaurado una nueva categoría de ‘parametración’ política del disenso: ‘regulado’. Ella afecta tanto a cubanos que viven dentro de la Isla como a cubanos residentes en EEUU, a quienes se les niega su derecho a entrar al país por sus opiniones políticas», escribieron.

Por último, solicitaron «que en alguna visita suya a Cuba, o de miembros del Senado o de la Cámara de Representantes, se propicie un intercambio entre estos y cubanos que aparecen dentro de esta nueva categoría política ilegal. El testimonio vivo de los ‘regulados’ supera cualquier descripción teórica. Le adjuntamos un listado parcial de cubanos que han sufrido o sufren esta nueva forma de discriminación civil».

Con Información de Diario de Cuba