El aumento de las drogas en Cuba, tanto en el consumo como en las actividades de comercialización y distribución de estupefacientes, es un fenómeno que viene a añadir complejidad al difícil escenario económico y social del país.
En ese sentido, el miembro del buró político y secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), Roberto Morales Ojeda, pidió a los dirigentes reunidos en el IX Pleno Nacional del PCC que se tiene que enfrentar el dilema a “sangre y fuego”.
“El fenómeno de las drogas constituye una prioridad (…) tenemos que enfrentarlo a sangre y fuego. Es un fenómeno que realmente daña nuestra sociedad y yo creo que eso hay que verlo desde la educación. Pero en primer lugar, desde el papel de la familia, la escuela, el barrio, la comunidad y los centros de trabajo”, argumentó Morales Ojeda.
Durante la reunión del CCPCC, se expusieron las acciones realizadas en las primeras semanas del mes de diciembre como parte del Ejercicio Nacional de Enfrentamiento a las Ilegalidades. Las autoridades del Ministerio del Interior indicaron que se realizaron 34 juicios ejemplarizantes relacionados con delitos graves, incluidos casos de tráfico de drogas, corrupción y malversación.
La Fiscalía ha aplicado más de 300 medidas cautelares y acelerado la tramitación de expedientes penales, imponiendo prisión provisional al 81 % de los presentados por los órganos de investigación. Además, fueron enviados a los tribunales 585 procesos penales, mientras que las vistas orales sumaron 255, una muestra del endurecimiento en el combate a estos flagelos.
Cúpula militar y del PCC involucrada en casos de narcotráfico
En 1989, Cuba fue sacudida por la “Causa No. 1”, un proceso judicial que implicó a altos oficiales del gobierno en actividades de narcotráfico. El General de División Arnaldo Ochoa Sánchez, Héroe de la República de Cuba, fue arrestado el 12 de junio de ese año bajo acusaciones de corrupción y manejo deshonesto de recursos económicos. Posteriormente, los cargos se ampliaron para incluir operaciones de tráfico de drogas.
Junto a Ochoa, fueron detenidos el coronel Antonio “Tony” de la Guardia, el mayor Amado Padrón Trujillo y el capitán Jorge Martínez Valdés. El juicio, transmitido por la televisión nacional, reveló supuestos vínculos de los acusados con el Cartel de Medellín y su líder, Pablo Escobar. Se les imputó facilitar el tránsito de drogas a través del territorio cubano hacia Estados Unidos.
El tribunal, presidido por el general de brigada Juan Escalona Reguera, condenó a muerte a Ochoa, De la Guardia, Padrón y Martínez. Las ejecuciones se llevaron a cabo el 13 de julio de 1989. Este proceso también resultó en la destitución y encarcelamiento de otros oficiales, como el general Patricio de la Guardia y el ministro del Interior, José Abrantes Fernández.
La Causa No. 1 generó controversia y especulaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás de las condenas. Algunos analistas sugieren que el juicio fue una maniobra de Fidel Castro para desviar la atención de posibles implicaciones del gobierno y suyas en particular con el narcotráfico y consolidar su control dictatorial como jefe único eliminando figuras potencialmente desleales o con aspiraciones reformistas como Ochoa.
