El Ministerio de Salud Pública de Cuba publicó la Resolución 247 de 2025, que establece las reglas para que actores no estatales puedan prestar servicios de cuidado a personas adultas mayores y en situación de discapacidad. La norma, analizada en detalle por Cubadebate, revela un sistema de 55 requisitos que cualquier persona o entidad privada debe cumplir para operar un centro de este tipo en la isla.
La sola existencia de esta regulación marca un punto de inflexión: el Estado cubano reconoce formalmente que necesita del sector privado para atender a su población envejecida. Cuba es uno de los países con mayor proporción de adultos mayores en América Latina, agravado por la emigración masiva de personas en edad laboral que ha dejado a miles de ancianos sin cuidadores familiares.
Lo que el gobierno presenta como un avance regulatorio es también, leído entre líneas, un inventario de todo lo que el sistema público no ha podido garantizar. Estos son todos los requisitos identificables en la resolución:
Autorización y permisos para abrir un asilo de ancianos en Cuba
Antes de abrir las puertas, cualquier interesado debe pasar por un proceso de aprobación estatal. No basta con tener un local y buenas intenciones: el sistema de salud municipal actúa como filtro obligatorio y decide quién puede operar y quién no.
El titular del servicio necesita, además de la autorización, demostrar que tanto él como su personal han pasado por las escuelas de cuidadores del sistema de salud. Es decir, no se puede contratar a cualquier persona para atender ancianos, al menos sobre el papel.
- Obtener autorización previa del director general de salud municipal, que se emite en un plazo de cinco días si se cumplen los requisitos
- Obtener licencia sanitaria
- Certificación de formación en escuelas de cuidadores, tanto para los titulares como para todo el personal
Infraestructura y condiciones físicas
La resolución dedica un apartado extenso a las condiciones materiales de los centros. Las exigencias incluyen desde lo básico (buen estado constructivo, ventilación, iluminación) hasta requisitos que en cualquier otro país serían obvios pero que en Cuba constituyen verdaderos desafíos logísticos, como garantizar agua caliente o disponer de sistemas alternativos de generación eléctrica.
La accesibilidad es un eje central. Los espacios deben estar diseñados para personas con movilidad reducida, incluyendo puertas anchas para sillas de ruedas, baños adaptados y ausencia de barreras arquitectónicas. En un país donde la infraestructura civil lleva décadas de deterioro acumulado, cumplir con estos estándares representa una inversión considerable para cualquier emprendedor privado.
- Buen estado constructivo de la instalación
- Ausencia de barreras arquitectónicas
- Servicios básicos garantizados (agua, electricidad)
- Condiciones adecuadas de ventilación
- Condiciones adecuadas de iluminación
- Entorno saludable que no represente riesgos para la salud
- Espacios que permitan movilidad segura
- Espacios que permitan el uso de ayudas técnicas
- Circulación adecuada para personas con limitaciones físicas
- Distancia mínima entre camas para evitar hacinamiento
- Baños adaptados con condiciones específicas para personas con discapacidad
- Puertas amplias que faciliten el acceso de sillas de ruedas
- Disponibilidad de agua caliente
- Sistemas alternativos de energía eléctrica para garantizar continuidad ante interrupciones del servicio
Equipamiento y dotación
Además de la infraestructura, la norma exige que los centros cuenten con un equipamiento que va más allá de las camas y las sábanas. Se requiere mobiliario completo, artículos de higiene personal, insumos de protección y hasta medios de entretenimiento para los residentes.
En un contexto donde los cubanos llevan años lidiando con escasez de productos básicos de higiene, donde un paquete de jabón puede costar una parte significativa del salario mensual, la pregunta inevitable es: ¿de dónde van a salir estos recursos y a qué precio se trasladarán al servicio?
- Mobiliario básico completo
- Artículos de higiene personal
- Medios audiovisuales para recreación
- Juegos de mesa para recreación
- Insumos básicos y medios de protección garantizados
Capacidad y modalidades de servicio
La resolución establece un tope de 60 personas por instalación, una medida que busca evitar la masificación y favorecer un trato más personalizado.
Los servicios pueden funcionar en tres modalidades: diurnos, donde los ancianos asisten durante el día y regresan a sus hogares; permanentes, con atención las 24 horas; o combinados, que integran ambas opciones según las necesidades del beneficiario.
Un dato especialmente revelador es la obligación de reservar al menos el 10% de las plazas para personas “en situación de interés social”, el eufemismo oficial para referirse a ancianos sin recursos ni familia que puedan pagar por ellos. Esto significa que los propios emprendedores privados deberán subsidiar parcialmente un problema social que el Estado no ha resuelto.
- Capacidad máxima de 60 personas por instalación
- Definir la modalidad de servicio: diurno (sin pernoctar), permanente (24 horas) o combinado
- Reservar al menos el 10% de las capacidades para personas en situación de interés social
Personal y formación
El personal no puede ser improvisado. La resolución exige que todos los cuidadores estén certificados por las escuelas de cuidadores que organizan las direcciones municipales de salud, y que la capacitación sea continua, no un trámite de una sola vez.
También se reconocen derechos laborales para los trabajadores del centro, incluyendo descanso y vacaciones. En un país donde los derechos laborales en el sector privado son todavía una zona gris, esta disposición plantea una contradicción: el mismo Estado que ha tardado años en reconocer plenamente los derechos de los trabajadores por cuenta propia ahora los exige como condición para autorizar un negocio.
- Personal con certificación de formación en escuelas de cuidadores
- Capacitación sistemática y sostenida del personal
- Garantizar derechos laborales de los cuidadores: descanso, vacaciones y demás garantías establecidas en la legislación vigente
Requisitos sanitarios y de salud
Este es probablemente el apartado más extenso y exigente. Cada persona que ingresa a un centro de cuidados debe ser evaluada previamente con historia clínica completa. Se prohíbe admitir a personas con enfermedades infectocontagiosas sin control o que necesiten hospitalización inmediata. Una vez dentro, los residentes deben recibir evaluaciones médicas mensuales, controles especializados periódicos y seguimiento de enfermedades crónicas.
La atención médica la proporciona el sistema público de salud de forma gratuita y no puede incluirse en las tarifas que cobra el centro privado. La norma también exige supervisión nutricional a cargo de especialistas en dietética del sistema público, que deben orientar la elaboración de los menús. Todo esto suena impecable en el papel, pero depende de un sistema de salud que hoy enfrenta una crisis sin precedentes: hospitales sin medicamentos básicos, éxodo masivo de médicos y colapso de la atención primaria.
- Evaluación previa de cada persona mediante historia clínica y valoración de su estado de salud antes del ingreso
- No admitir personas con enfermedades infectocontagiosas sin control
- No admitir personas con necesidad de atención hospitalaria inmediata
- Evaluaciones médicas mensuales a los beneficiarios
- Controles especializados periódicos
- Atención anual según programas nacionales de salud
- Seguimiento específico de enfermedades crónicas, incluso dentro de la instalación si el paciente no puede movilizarse
- Canalizar urgencias médicas a través del sistema nacional de emergencias
- Supervisión nutricional con orientación de especialistas en dietética del sistema de salud para la elaboración de menús
- La atención médica del sistema público es gratuita y no puede incluirse en las tarifas del servicio
Obligaciones operativas del titular
El dueño del centro no es simplemente un administrador de camas. La resolución le asigna responsabilidades que van desde coordinar con las familias de los residentes hasta gestionar los traslados a consultas médicas, administrar medicamentos y responder ante descompensaciones de salud.
En el caso de personas con deterioro cognitivo, la administración de medicamentos debe hacerse bajo supervisión. En la práctica, esto convierte al titular en una especie de director de hospital informal, con obligaciones sanitarias significativas pero sin la formación ni los recursos de un profesional médico.
- Coordinación con las familias de los beneficiarios
- Gestión de traslados a consultas médicas
- Administración de medicamentos, bajo supervisión en casos de deterioro cognitivo
- Respuesta ante descompensaciones de salud
Principios obligatorios
La resolución establece una serie de principios que deben regir cualquier modalidad de servicio. Se exige respeto a la dignidad humana, a la autodeterminación de los residentes y su participación activa en actividades recreativas, culturales y deportivas. Toda forma de discriminación, violencia o maltrato queda expresamente prohibida.
Estos principios son difíciles de cuestionar en abstracto. El problema es que en Cuba no existen mecanismos independientes de denuncia ni organizaciones de la sociedad civil autónomas que puedan vigilar su cumplimiento. La supervisión queda enteramente en manos del mismo Estado que ha sido incapaz de garantizar estos derechos en sus propias instituciones públicas de cuidado.
- Respeto a la dignidad humana
- Respeto a la autodeterminación de los beneficiarios
- Participación activa de los beneficiarios en actividades recreativas, culturales y deportivas según sus capacidades
- Prohibición de cualquier forma de discriminación, violencia o maltrato
Supervisión y control estatal
El Estado no suelta la rienda. Los centros privados estarán sometidos a inspecciones mensuales durante su primer año de funcionamiento, que pasan a ser trimestrales a partir del segundo. Las inspecciones cubren condiciones físicas, cumplimiento de derechos, calidad del servicio, capacitación del personal y disponibilidad de plazas para personas de interés social.
Además, los titulares deben enviar reportes mensuales a las autoridades municipales sobre sus operaciones. El nivel de vigilancia es tal que estos centros privados tendrán más supervisión estatal que muchas empresas estatales cubanas. La pregunta que queda en el aire es si esta supervisión será genuinamente protectora o simplemente otra herramienta de control político sobre el sector privado.
- Inspecciones mensuales durante el primer año de funcionamiento
- Inspecciones trimestrales a partir del segundo año
- Las inspecciones abarcan condiciones físicas, cumplimiento de derechos, calidad del servicio, capacitación del personal y disponibilidad de plazas de interés social
- Reportes mensuales obligatorios a las autoridades municipales sobre apertura de servicios, capacidades instaladas y funcionamiento general
Protocolos especiales
La resolución también contempla escenarios extremos. En caso de fallecimiento de un residente, el titular debe informar a la familia y coordinar con el sistema médico la certificación de defunción. Si no existen familiares, intervienen los servicios sociales del territorio. Durante emergencias epidemiológicas, los centros deben acatar las instrucciones del Consejo de Defensa.
El mecanismo de sanción más severo es la pérdida de la autorización para operar, que se activa cuando se detectan actos que afecten la dignidad, seguridad, salud o autodeterminación de los residentes. En ese caso, se coordina el retorno de los ancianos a sus familias o, si no las tienen, el sistema de salud asume su cuidado. Es decir, si el privado falla, el Estado promete recoger las piezas — el mismo Estado que delegó la tarea porque no podía con ella.
- Protocolo en caso de fallecimiento: informar a la familia y coordinar con el sistema médico la certificación de defunción
- Si no existen familiares, coordinar con servicios sociales del territorio
- En emergencias epidemiológicas o situaciones extraordinarias, cumplir las indicaciones del Consejo de Defensa del territorio
- Pérdida de autorización en caso de actos que afecten la dignidad, seguridad, salud o autodeterminación de los beneficiarios
- Si se retira la autorización: coordinación con la familia para el retorno de la persona al hogar, o el sistema de salud asume la atención si no hay familia
