La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas condenó a cinco trabajadores de la Empresa Mayorista de Alimentos Las Tunas por malversar más de 600.000 pesos cubanos (CUP) en productos destinados al consumo social.
Los acusados, empleados de la unidad empresarial de base 639, se apropiaron de alimentos esenciales como arroz, azúcar, chícharos y frijoles, que debían ser distribuidos a las familias cubanas bajo el sistema de canasta normada. Estos productos fueron vendidos ilegalmente en el mercado informal.
El tribunal celebró el juicio oral correspondiente a la causa 237 del año 2025, en un proceso público que subrayó la gravedad del delito. Según las pruebas presentadas, los implicados causaron un daño material al presupuesto estatal de 623.088 CUP, afectando a más de 50.000 familias. Este acto ilícito se realizó en un contexto económico complejo donde hay una escasez generalizada de alimentos.
Los cinco acusados fueron condenados a penas que oscilan entre 11 y 13 años de prisión. Además, se les impusieron sanciones accesorias que incluyen la privación de derechos públicos, la prohibición de ejercer profesiones y cargos, y la restricción de salida del país. Asimismo, el tribunal explicó que deberán hacer frente a la responsabilidad civil por el daño causado.
De acuerdo con la información oficial, el juicio se desarrolló conforme a las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República de Cuba y la Ley del Proceso Penal, asegurando que se respetara el debido proceso. Tanto los sancionados como la Fiscalía tienen derecho a interponer un recurso de casación si deciden impugnar la sentencia.
En la crisis profunda que atraviesa Cuba en 2026, marcada por apagones que superan las 20 horas diarias, una inflación descontrolada del 30%, una recesión económica imparable y una escasez total de productos básicos, la corrupción y la malversación han emergido como respuestas sistémicas al colapso de las estructuras estatales.
La falta de recursos ha propiciado que muchos funcionarios y trabajadores en diversas instituciones públicas se involucren en prácticas ilícitas para sobrevivir o incluso prosperar en un entorno de desesperación generalizada.
Estos actos de corrupción no solo afectan el bienestar de los ciudadanos, sino que agravan aún más las dificultades económicas del país, ya que los recursos que deberían ser destinados a la mejora de los servicios básicos y a la ayuda social son desviados o mal administrados.
