El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara ha condenado a seis cubanos por participar en una protesta pacífica el 7 de noviembre de 2024, durante los apagones que afectan a la Isla.
Periódico Cubano tuvo acceso a la resolución correspondiente a la causa 82 de 2025 donde el tribunal dictó penas que varían entre tres y ocho años de prisión, acusándolos de desórdenes públicos y de intentar desestabilizar el orden cívico.
La protesta ocurrió en el municipio de Encrucijada, en Villa Clara, donde los acusados se reunieron frente a las sedes del Partido Comunista de Cuba y del gobierno local. La manifestación, que no incluyó violencia ni insultos, fue motivada por la escasez de electricidad en la región.
Los manifestantes gritaban “¡Queremos corriente!”, mientras producía ruidos con objetos metálicos, lo que generó inconvenientes en el tránsito y dificultó la comunicación de las autoridades. Aunque la protesta no se tornó violenta, el tribunal consideró que los manifestantes incitaron a otras personas a unirse, alcanzando unas 300 personas en total.
Decisión judicial y apelación en curso
La resolución del caso, identificada como la número 4 de 2025 (causa 82 de 2025), dictó penas de prisión para cinco de los acusados y trabajo correccional sin internamiento para otro. Las penas fueron las siguientes:
- José Gabriel Barrenechea Chávez: 6 años de prisión.
- Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa: 5 años de prisión.
- Yandri Torres Quintana: 8 años de prisión.
- Rafael Javier Camacho Herrera: 7 años de prisión.
- Yuniesky Lorences Domínguez: 3 años de trabajo correccional sin internamiento.
- Marcos Daniel Díaz Rodríguez: 5 años de limitación de libertad.
Entre los condenados, destaca el periodista José Gabriel Barrenechea, quien estuvo en prisión provisional y no pudo visitar a su madre gravemente enferma hasta después de su fallecimiento.
Los acusados, con edades entre los 26 y 53 años, no tenían antecedentes penales. La sentencia no es firme, ya que todas las defensas han mostrado su inconformidad con el fallo. En Cuba, todos los abogados pertenecen a bufetes estatales, lo que limita la posibilidad de una defensa independiente.
La protesta tuvo lugar en un contexto de prolongados apagones en Cuba, que afectan a amplias zonas del país, llegando hasta 20 horas diarias. La crisis energética que enfrenta la isla ha generado descontento y frustración en la población, que exige soluciones inmediatas a la falta de electricidad.
La situación no ha mejorado en años. Por ejemplo, para el sábado 17 de enero la Unión Eléctrica pronosticó un déficit de 1.870 MW. Las principales incidencias incluyen averías en unidades clave y problemas por falta de combustible en varias centrales.
La unidad 5 de la CTE Mariel y la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes están fuera de servicio. Por otra parte, 1.131 MW están afectados por limitaciones y falta de insumos.
