Un gran jurado federal en Miami presentó cargos formales contra la representante demócrata Sheila Cherfilus-McCormick por ser sospechosa del desvío de fondos federales destinados a la ayuda por desastres, informó Telemundo 51.
Según la acusación, la congresista y otros coacusados aplicaron un lavado de dinero con el fin de usarlo para financiar la campaña electoral de la demócrata en las elecciones de 2021 rumbo al Congreso.
Las autoridades federales detallaron que Cherfilus-McCormick, de 46 años, y su hermano Edwin Cherfilus, de 51, ambos residentes de Miramar, cometieron la estafa a través de la empresa familiar de atención médica.
Los acusados habrían utilizado un contrato de personal para la vacunación contra la COVID-19, financiado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
En julio de ese mismo año, la empresa familiar recibió un pago indebido de 5 millones de dólares de los fondos de FEMA destinados a la emergencia sanitaria. La acusación señala que los acusados conspiraron para robar estos fondos y canalizarlos a través de varias cuentas para ocultar su origen.
Según los fiscales, una porción significativa de los 5 millones malversados fue utilizada para hacer contribuciones a la campaña electoral, mientras que el resto se destinó al beneficio personal de los acusados.
De acuerdo con la acusación, la congresista y Nadege Leblanc, de 46 años y residente también de Miramar, gestionaron contribuciones adicionales utilizando testaferros, entre ellos amigos y familiares.
Estos testaferros recibieron fondos provenientes del contrato de vacunación para luego realizar donaciones a la campaña de Cherfilus-McCormick, haciéndolas parecer como contribuciones individuales cuando en realidad eran transferencias de dinero ilícito.
Además, las autoridades federales imputaron a David K. Spencer, de 41 años y residente de Davie, quien era el preparador de impuestos de Cherfilus-McCormick en 2021. Spencer está acusado de conspirar para presentar una declaración de impuestos federales falsa, inflando deducciones de gastos personales y caritativos para reducir las obligaciones tributarias de los acusados.
Cherfilus-McCormick podría enfrentar hasta 53 años de prisión, mientras que su hermano Edwin Cherfilus se enfrenta a una posible condena de hasta 35 años. Leblanc podría recibir una sentencia de hasta 10 años y Spencer hasta 33 años, según las acusaciones.
En una declaración, la fiscal general Pamela Bondi calificó el uso de fondos de ayuda para desastres con fines personales como un “delito particularmente egoísta y cínico”.
“Nadie está por encima de la ley, y mucho menos las personas poderosas que roban a los contribuyentes para su beneficio personal. Seguiremos los hechos de este caso y se hará justicia”, dijo la funcionaria.
El fiscal federal Reding Quiñones, el agente especial a cargo Brett D. Skiles del FBI en Miami, y el agente especial a cargo Ronald A. Loecker de la División de Investigación Criminal del IRS en Florida fueron quienes anunciaron la acusación formal.
Quiñones destacó la importancia de la acusación, subrayando que “el dinero público pertenece al pueblo estadounidense” y que “cuando los fondos de FEMA se desvían para beneficio personal o político, se erosiona la confianza y nos perjudica a todos”.
