Los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis respaldaron la posible acusación federal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.
La comparecencia de los representantes republicanos se produjo horas antes de una esperada conferencia del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en Miami sobre el caso, informó Martí Noticias.
Los legisladores cubanoamericanos defendieron la necesidad de llevar ante la justicia estadounidense al exjefe militar del régimen cubano, señalado como una figura clave en la cadena de mando cuando cazas MiG derribaron las aeronaves.
A inicios de este año, los congresistas habían enviado una carta al presidente Donald Trump para pedir que su administración evaluara presentar cargos formales contra Castro.
Nicole Malliotakis, representante por el distrito 11 de Nueva York, dijo que muchas personas desconocen el sufrimiento vivido por los cubanos bajo el comunismo y criticó a quienes responsabilizan a Estados Unidos por la crisis económica y humanitaria en la Isla.
La congresista también vinculó el caso con la seguridad nacional de EEUU. Según Malliotakis, el régimen cubano ha actuado en coordinación con Irán, China, Corea del Norte y Rusia, y ha permitido la presencia de esas alianzas a solo 90 millas de las costas estadounidenses.
María Elvira Salazar, representante por Florida, calificó la jornada como “un día glorioso para el pueblo cubano”. La legisladora sostuvo que el posible avance judicial representa un momento de alto valor para los cubanos dentro de la Isla, para el exilio de Miami y para la diáspora en otras partes del mundo.
Salazar afirmó que la familia Castro convirtió a Cuba en un negocio político y de poder. En su intervención, aseguró que el posible encausamiento marcaría “el principio del fin” para la estructura de dominio construida por los Castro durante más de seis décadas.
Mario Díaz-Balart recordó que el régimen cubano envió aviones de combate MiG para interceptar tres aeronaves de Hermanos al Rescate y derribó dos de ellas. En el ataque murieron Mario de la Peña, Pablo Morales, Carlos Costa y Armando Alejandre Jr., tres ciudadanos estadounidenses y un residente de EEUU.
Carlos Giménez, también representante por Florida y nacido en La Habana, fue consultado sobre si la administración Trump contemplaría una acción militar en Cuba.
El congresista mencionó reportes sobre la posesión de unos 300 drones por parte del régimen cubano y aseguró que, si esos equipos tienen capacidades similares a los usados en Ucrania o por Irán, podrían representar una amenaza para el sureste de EEUU.
Giménez afirmó que Washington tiene capacidad para neutralizar ese tipo de amenaza, pero advirtió que la sola posesión de esos medios ya constituye un riesgo.
También recordó que otros líderes del hemisferio han sido imputados por la justicia estadounidense y que presidentes anteriores han considerado opciones militares para ejecutar acciones legales contra figuras acusadas.
Díaz-Balart, por su parte, rechazó la idea de que Miguel Díaz-Canel concentre el poder real en Cuba. Lo comparó con Osvaldo Dorticós, quien ocupó la presidencia formal bajo el mando de Fidel Castro, y sostuvo que el verdadero poder sigue vinculado a Raúl Castro y a la familia Castro. “Raúl Castro es el poder”, afirmó.
La rueda de prensa de los congresistas ocurrió unas horas antes de que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anuncie una posible acusación federal contra Castro en la Torre de la Libertad en Miami.
La conferencia prevista contará con la participación del fiscal general interino Todd Blanche, el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, el subdirector del FBI, Christopher G. Raia, la senadora Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier.
De concretarse, la acusación contra Raúl Castro sería una de las acciones legales más significativas de Washington contra una figura histórica del régimen cubano. También añadiría presión sobre La Habana en un momento de creciente tensión bilateral y de renovado protagonismo político del exilio cubano en la agenda estadounidense.
