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Consejo de Ministros prorroga plazo para legalización de viviendas en Cuba
La medida busca facilitar y promover la legalización “siempre que no violen las regulaciones territoriales y urbanísticas”

“Las personas podrán seguir presentando sus solicitudes ante las direcciones municipales de la Vivienda o de Ordenamiento territorial y urbanismo con el fin de obtener la propiedad”. (Foto © Periódico Cubano)
El Consejo de Ministros de Cuba extendió hasta el 31 de diciembre el plazo para la aplicación del proceso de ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales, según el acuerdo 10108, fechado el 27 de marzo.
La medida busca “facilitar y promover la regularización de inmuebles, siempre que no violen las regulaciones territoriales y urbanísticas vigentes”.
La prórroga fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 26 el pasado 23 de mayo. El documento establece que podrán acceder a la propiedad quienes ocupen estas construcciones sin estatus legal o sin cumplir formalidades en su construcción. De esta forma, se les otorga derecho a uso, disfrute y disposición del inmueble.
Marvelis Velázquez, directora de Asuntos Legales de la Vivienda en el Ministerio de la Construcción (Micons), explicó en un reporte de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que el proceso se ha modificado para facilitar la legalización, siempre que se respeten las normas urbanísticas y territoriales.
“Las personas podrán seguir presentando sus solicitudes ante las direcciones municipales de la Vivienda o de Ordenamiento territorial y urbanismo con el fin de obtener la propiedad”, subrayó.
🏢 El Consejo de Ministros decidió prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2025, el plazo para la aplicación del proceso de ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales en el país.
#RevolucionEsConstruir pic.twitter.com/GtQB3PVb4r— Ministerio de la Construcción de Cuba (@CubaMicons) May 27, 2025
La medida incluye a arrendatarios permanentes de viviendas estatales, salvo quienes tengan la propiedad confiscada por sanciones legales relacionadas con enriquecimiento ilícito, drogas, corrupción u otros delitos penales. También se contempla a usufructuarios y ocupantes de cuartos, habitaciones o accesorias convertidas en viviendas adecuadas o en proceso de adecuación.
Además, se amplía el beneficio a ocupantes de viviendas rurales y urbanas, con atención especial a personas en situación de discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, para “facilitar el acceso a la propiedad en estos grupos vulnerables”.
Entre los cambios más significativos, se elimina el trámite del levantamiento en planta y descripción del inmueble por las direcciones municipales de la Vivienda. Solo será necesario el dictamen de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, lo que reduce el proceso en unos 15 días.
Velázquez aclaró que los más de 19 mil casos en alguna fase del proceso anterior recibirán respuesta en su momento por las direcciones municipales de la Vivienda, para completar el ordenamiento pendiente.
El proceso original fue implementado en mayo de 2019 mediante el Acuerdo 8574, pero la pandemia de COVID-19 limitó la presentación de solicitudes. Desde entonces, se han resuelto 223.920 trámites, entre ellos más de 130,000 casas construidas por esfuerzo propio y alrededor de 50.000 conversiones de arrendatarios en propietarios.
La crisis habitacional en Cuba sigue siendo grave. Según cifras oficiales, existen más de 900 mil viviendas deficitarias y cerca del 40% de las 3.8 millones de casas están en estado regular o mal estado técnico. El plan de construcción de viviendas del gobierno hace años que se incumple por la escasez de materiales de construcción.
