Continúa la disputa legal a causa de la barrera flotante en el Río Bravo

El gobierno federal señala que las boyas afectan una zona que podría ser navegable. (Captura de pantalla: El País – YouTube)

El estado de Texas continúa una disputa legal con el gobierno federal a causa de la barrera flotante colocada en el Río Bravo por órdenes del gobernador Greg Abbott. El objetivo de la muralla es bloquear el paso de migrantes por la zona de Eagle Pass.

Telemundo 51 informó que abogados del estado sureño solicitaron ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, la permanencia de dicha barrera en el cuerpo de agua.

Los argumentos del gobierno federal para el retiro de las boyas es que esa zona del río puede ser navegable. Ante ello, Lanora Pettit, abogada del gobierno texano, sostiene que esta parte baja y rocosa del río claramente no es navegable y es poco probable que jamás lo sea.

Asimismo, agregó que el gobierno federal está intentando evitar que el gobierno local tome medidas para proteger a sus ciudadanos de actividades criminales y violentas.

Michael Gray, del Departamento de Justicia, argumentó que la barrera sí viola la ley federal, destacando que en el pasado ha habido tráfico marítimo en la zona, incluso de naves del Servicio Guardacostas y de la Comisión Internacional de Recursos de Agua. Además, señaló que se están llevando a cabo proyectos para hacer que ese tramo sea más navegable.

El tribunal aún no ha emitido un fallo y sus preguntas no proporcionaron un claro indicio de hacia qué lado se inclinará una decisión final. Caber recordar que las boyas solo son parte de la fortificación realizada por Texas, que también cuenta con extensas secciones con cercas de acero y alambre de púas.

Administración de Joe Biden expandirá el muro fronterizo

En medio de un incremento sin precedentes en los cruces de migrantes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, la administración de Joe Biden ha otorgado la aprobación para erigir un tramo de muro fronterizo de 32 kilómetros en el sur de Texas.

Esta medida, inusual dentro del marco de la administración demócrata, implica la emisión de 26 permisos medioambientales para llevar a cabo la construcción.

De acuerdo con informes de la cadena de noticias ABC, el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, reconoce una “necesidad apremiante e inmediata” de establecer barreras físicas para contener la entrada ilegal en el territorio estadounidense.

Conforme a un anuncio publicado el miércoles en el Registro Federal, la construcción de este tramo de 32 kilómetros será financiada con recursos previamente asignados y específicamente destinados a la construcción de barreras físicas en la frontera. La administración tenía un plazo para utilizar estos fondos o arriesgar su pérdida.