La Corte Suprema de Estados Unidos está evaluando el caso Exxon Mobil Corp. contra la Corporación CIMEX S.A. y la Unión Cuba Petróleo (CUPET) por estar utilizando las propiedades confiscadas por Fidel Castro. Para dirimir el tema, los jueces acaban de pedir una opinión al gobierno estadounidense para recabar todos los puntos de vista posibles.
La demanda, interpuesta en 2019, se basa en el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que permite a los ciudadanos estadounidenses demandar a aquellos que “trafiquen” con propiedades confiscadas por el gobierno cubano después de 1959. El caso se remonta a 1960, cuando el régimen dictatorial expropió los activos de Exxon en Cuba, incluyendo una refinería y más de 100 estaciones de servicio.
En 1969, el Congreso de EEUU certificó que Standard Oil, la empresa matriz de Exxon, había perdido 71.6 millones de dólares debido a la confiscación de sus propiedades en Cuba. Ajustada por inflación, esta cifra supera los 600 millones de dólares. A pesar de esta pérdida, Exxon no recibió compensación alguna. Fue en 2019 cuando Exxon presentó la demanda en virtud del Título III de la Ley Helms-Burton, activada por la administración de Donald Trump, que permite a las empresas estadounidenses demandar por la confiscación de propiedades.
Las empresas cubanas demandadas, CIMEX y CUPET, intentaron desestimar la demanda alegando inmunidad bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), que limita la jurisdicción de los tribunales de EEUU sobre entidades extranjeras. Sin embargo, un tribunal inferior permitió que el caso avanzara, basándose en la “excepción de actividad comercial” de la FSIA. A pesar de ello, el tribunal desestimó el argumento de Exxon de que la Ley Helms-Burton por sí sola era suficiente para presentar la demanda.
Exxon apeló ante la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C., que en una votación de dos a uno, mantuvo la decisión. El tribunal argumentó que la FSIA debía ser la base para la jurisdicción, no la Helms-Burton. Sin embargo, el juez disidente Raymond Randolph sostuvo que el Título III de la Ley Helms-Burton ofrecía una causa de acción independiente y exclusiva para los ciudadanos estadounidenses afectados por la expropiación de sus propiedades en Cuba.
Exxon llevó el caso a la Corte Suprema en diciembre de 2024, solicitando que el máximo tribunal revise el fallo. La empresa argumenta que forzar las reclamaciones bajo la FSIA podría negar la justicia a muchos demandantes, ya que algunos casos de tráfico de propiedades podrían no cumplir con las excepciones de la FSIA, como la excepción por actividad comercial.
Por su parte, las empresas cubanas defienden que la decisión del Tribunal de Apelaciones respeta el juicio del Congreso y que la demanda de Exxon puede continuar si se demuestra la “excepción comercial”.
Este caso tiene implicaciones significativas para la Ley Helms-Burton, que ha permitido a miles de ciudadanos estadounidenses presentar reclamaciones por propiedades confiscadas en Cuba. Desde la activación del Título III en 2019, se han presentado más de 8.800 reclamaciones, con indemnizaciones millonarias solicitadas. Sin embargo, hasta la fecha ningún afectado ha cobrado ni un centavo en compensación por sus pérdidas.
Se espera que la Corte Suprema emita un fallo conclusivo sobre el caso antes de que termine el presente mes de mayo.
esa ley la icieron solo para los ricos y los que les quitaron sus casitas con muco sacrificio que pasa todo es politiqueria varata que iciero para entretener a los cubanos no firman el capitolo 6son unos payasos