La Corte Suprema de Estados Unidos deliberará esta semana sobre la legalidad de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento, una medida que podría redefinir el alcance de la nacionalidad estadounidense para hijos de inmigrantes sin residencia legal o con estatus temporal.
El caso marca un punto de choque entre la Casa Blanca y una doctrina constitucional vigente desde hace más de un siglo. Este miércoles, el propio Donald Trump protagonizó un hecho sin precedentes al asistir personalmente a los alegatos orales ante la Corte Suprema, donde se examina la legalidad de su orden ejecutiva.
La presencia del presidente en funciones en la sede del máximo tribunal marcó una jornada de alta tensión política y jurídica en Washington. Antes de salir de la Casa Blanca, Trump confirmó a periodistas que acudiría a la audiencia, en un gesto inusual por su peso institucional y simbólico.
La vista estaba prevista para las cuatro de la tarde, hora local, según AP. Hasta el cierre de esta nota no había un fallo, aunque un mensaje publicado por Trump en Truth Social sugirió que el resultado de la audiencia podría no favorecer sus intereses.
“¡Somos el único país del mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía por derecho de nacimiento!”, escribió el mandatario en su red social. El mensaje apareció poco después de su asistencia a una audiencia que puede marcar uno de los litigios más importantes de su segundo mandato.
El fallo, según lo anticipado en el contenido disponible, se conocería entre finales de junio y comienzos de julio.
La orden fue firmada por Trump el primer día de su segundo mandato y dispone negar la ciudadanía a niños nacidos en suelo estadounidense si su madre está en el país de forma irregular y el padre no es ciudadano ni residente permanente legal.
La directiva también incluye a hijos de madres con estatus migratorio temporal, siempre que el padre tampoco tenga ciudadanía ni green card.
Además, instruye a las agencias federales a no emitir ni reconocer documentos de ciudadanía en esos casos, con efecto para bebés nacidos 30 días después de la entrada en vigor de la medida.
El debate jurídico remite al precedente de EEUU contra Wong Kim Ark, resuelto en 1898. En ese fallo, la Corte sostuvo que la ciudadanía por nacimiento se extendía a casi todos los nacidos en el país, salvo excepciones limitadas, como hijos de diplomáticos extranjeros o fuerzas enemigas en ocupación. Esa decisión quedó luego reforzada en leyes federales aprobadas en 1940 y 1952.
El centro de la disputa actual es si la orden ejecutiva viola la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda y la legislación federal que la desarrolla. Esa cláusula reconoce como ciudadanos a las personas nacidas o naturalizadas en EEUU y sujetas a su jurisdicción.
La administración Trump sostiene que ese beneficio solo corresponde a quienes estén completamente sujetos a la jurisdicción estadounidense. Su equipo legal, encabezado por el procurador general D. John Sauer, argumenta que los padres con presencia irregular o temporal no mantienen el vínculo de lealtad exigido para transmitir ese derecho a sus hijos.
Según esa interpretación, la práctica actual habría ampliado indebidamente el sentido de la enmienda y contribuido a incentivar la inmigración irregular y el llamado turismo de parto.
Sauer también invocó el caso Wong Kim Ark para insistir en que aquel fallo se refería a extranjeros con domicilio y residencia permanente en el país.
Frente a esa postura, la American Civil Liberties Union y otras organizaciones presentaron una demanda colectiva en representación de tres familias afectadas. Los demandantes alegan que la orden contradice tanto la Constitución como la ley federal y rompe con una interpretación establecida durante más de 128 años.
Esas entidades sostienen que la ciudadanía por nacimiento se garantiza por el hecho de nacer en territorio estadounidense, sin depender del estatus migratorio, la nacionalidad o el domicilio de los padres, excepto en contadas excepciones históricas.
A su juicio, modificar ese principio implicaría rehacer una base esencial del sistema constitucional estadounidense.
La ACLU advirtió además que, aunque el gobierno afirma que la orden solo afectaría nacimientos futuros, la nueva interpretación abriría una incertidumbre mayor sobre el alcance del derecho a la ciudadanía.
La organización teme que un cambio doctrinal termine cuestionando derechos ya reconocidos y desate litigios de gran escala.
Más de 200 legisladores demócratas alertaron ante el tribunal que un fallo favorable a Trump podría dejar a millones de personas sin ciudadanía, con consecuencias inmediatas sobre derechos civiles, acceso a pasaportes y participación electoral.
El impacto, por tanto, no sería solo migratorio, sino también institucional y social. La audiencia constituye la primera gran revisión de fondo de una política migratoria central del segundo mandato de Trump.
La decisión final definirá si se impone una lectura restrictiva del derecho de nacimiento o si se mantiene intacta la doctrina que ha regido la nacionalidad estadounidense desde finales del siglo XIX.
