Corte Suprema permite que Trump revoque el TPS a más de 300.000 venezolanos

La revocación planteaba el fin de las protecciones en dos fases: algunos migrantes perderían el estatus en abril y otros en septiembre de 2025. (Foto © Periódico Cubano)

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes a la administración de Donald Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 venezolanos que residen en el país por razones humanitarias. Este estatus, creado por la administración demócrata de Joe Biden en 2021 y renovado en 2023, protegía a migrantes afectados por la crisis política y económica bajo el régimen de Nicolás Maduro. La decisión permite la cancelación del TPS, exponiendo a muchos a deportaciones inminentes.

El TPS es un programa diseñado para brindar protección temporal a inmigrantes provenientes de países en crisis, como desastres naturales o conflictos, y debe finalizar cuando las condiciones mejoran.

La administración Biden había aprobado una tercera extensión que habría mantenido el estatus hasta octubre de 2026. Sin embargo, la secretaria de Seguridad Nacional durante el gobierno Trump, Kristi Noem, anuló esta extensión antes de que entrara en vigor, justificando la decisión con alegatos de que algunos venezolanos vinculados a bandas criminales, como el Tren de Aragua, representaban riesgos para la seguridad y la carga sobre recursos locales.

La revocación planteaba el fin de las protecciones en dos fases: algunos migrantes perderían el estatus en abril y otros en septiembre de 2025, lo que abriría la puerta a deportaciones masivas. En respuesta, siete migrantes venezolanos y una organización sin fines de lucro presentaron una demanda para impedir la cancelación, argumentando que Venezuela continúa siendo un país inseguro y denunciando que la medida está motivada por prejuicios raciales y estereotipos falsos, como la acusación infundada de que Venezuela liberó presos para enviarlos a EEUU.

Un juez federal en California emitió una orden temporal contra la revocación, señalando que la cancelación violaba procedimientos legales y probablemente respondía a un sesgo racial. En su fallo, el juez destacó que la medida causaría daños irreparables a cientos de miles de personas, afectando sus vidas, familias y medios de vida. Además, resaltó que tendría un impacto negativo en la economía y la seguridad pública en varias comunidades estadounidenses. Esta orden fue respaldada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

Frente a esto, la administración Trump solicitó la intervención de la Corte Suprema para permitir la continuidad de la revocación del TPS. En sus argumentos, el gobierno sostuvo que mantener el programa perjudicaría la seguridad nacional y los servicios públicos locales, y que las cortes no deberían interferir en decisiones ejecutivas que requieren discreción en políticas migratorias.

Por su parte, los demandantes y organizaciones defensoras advirtieron que la revocación conduciría a la pérdida masiva de empleos y a deportaciones hacia un país que sigue enfrentando riesgos para la vida y la integridad de sus ciudadanos. Denunciaron además que el gobierno intenta evadir el control judicial sobre sus decisiones migratorias.

La decisión de la Corte Suprema da la victoria a Trump. Sin embargo, el fallo judicial precede a otro donde se limitó la política migratoria de la actual administración al tratar un caso de venezolanos detenidos, estableciendo que el gobierno debe ofrecer oportunidades reales para impugnar deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación aplicada en contextos bélicos.