Cuba aprueba la Ley de revocación ¿Qué significa esto para Díaz-Canel?

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro (Foto de referencia: Irene Pérez-Cubadebate)

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) aprobó el miércoles, durante la celebración del quinto periodo ordinario de sesiones, la Ley del Presidente y Vicepresidente de la República, informó Prensa Latina.

De acuerdo con reportes del portal oficialista, los legisladores, reunidos de forma virtual, votaron a favor de la implementación de la normativa.

Esta nueva legislación detalla —a partir de lo expuesto en la Constitución de abril de 2019— las atribuciones y funciones de ambos cargos. También define a la ANPP como el organismo competente para establecer “las causas y procedimientos para la declaración sobrevenida e inhabilitante del presidente”.

“Además, se incluyeron dentro de las atribuciones y funciones del mandatario el conocer previamente los informes de rendición de cuenta de los gobernadores, y evaluar y aprobar las directivas anuales sobre las prioridades de las acciones de control, tanto de la Contraloría como del sistema de auditoría nacional”, reza el texto de Prensa Latina.

Por último, la ley establece la creación de una estructura auxiliar para la Presidencia de la República, cuya denominación, organización y funcionamiento serán dictados por el propio mandatario.

La comisión redactora, presuntamente, tuvo en cuenta las opiniones de la ciudadanía, que participó mediante el correo electrónico y “otros canales habilitados”.

Cuba da luz verde a la Ley de revocación

Durante la pasada jornada, el Parlamento cubano también dio luz verde a la Ley de revocación. La normativa, una actualización de la legislación ya vigente sobre el asunto, permite la revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular en caso de que los funcionarios incumplan con: las obligaciones derivadas del mandato conferido, incurran en hechos que atenten contra el buen concepto público o manifiesten una conducta incompatible con “la ética de los representantes del pueblo”.

De igual forma, establece los procedimientos a seguir para la revocación que puede afectar desde a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular hasta el mismísimo presidente y vicepresidente de la República.

Para ello, se hace necesario la constitución de comisiones —integradas por delegados o diputados—, que llevarán a cabo las investigaciones necesarias y escucharán a los implicados antes de informar a los facultados para decidir sobre el asunto.