El gobierno cubano reconoció la falta de suficientes sillas de ruedas para satisfacer la creciente demanda de adultos mayores, enfermos y personas con discapacidad que necesitan este artefacto para movilizarse.
Durante su intervención en la reunión de la Comisión Gubernamental de Dinámica Demográfica, el ministro de Industrias de Cuba, Eloy Álvarez Martínez, reconoció la escasez de sillas de ruedas, informó la prensa local.
En 2025, el gobierno cubano entregó 3.115 sillas de ruedas a lo largo del país, pero para 2026 se espera distribuir apenas 2.000 unidades, lo que profundiza el déficit en la cobertura de esta necesidad básica.
Como medida adicional, se destinarán otros recursos de apoyo, entre ellos 11.000 bastones, 5.000 andadores y 3.000 muletas, los cuales comenzarán a distribuirse este año a través del sistema de salud.
La escasez de sillas de ruedas y otros dispositivos de asistencia se enmarca en el contexto del acelerado envejecimiento poblacional que atraviesa Cuba, el país más envejecido de América Latina.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), al cierre de 2024, el 25,7% de la población cubana tenía 60 años o más. Las provincias más afectadas por este fenómeno son Villa Clara, con un 29,1% de mayores de 60 años, y La Habana, con un 28,1%.
A medida que la demanda de ayudas técnicas aumenta, los recursos estatales se reducen, lo que ha ocasionado que el Sistema de Atención a la Familia (SAF) registre un incremento significativo en las solicitudes.
En 2023, este sistema atendió a 59.000 personas, cifra que creció a 67.000 a mediados de 2025, con hasta 8 nuevas solicitudes diarias en algunos municipios. A pesar de estos esfuerzos, el SAF reconoció que la atención a las personas vulnerables sigue siendo insuficiente.
Ante la incapacidad del Estado para cubrir todas las necesidades, organizaciones no gubernamentales como Hope Haven International Ministries, el Consejo de Iglesias y la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (Aclifim) han tomado medidas para suplir la escasez.
En febrero de este año, estas entidades donaron unas 200 sillas de ruedas en la provincia de Granma, lo que rescató parcialmente el sistema público, donde obtener una silla de ruedas puede demorar meses o incluso años.
En un intento por enfrentar la situación, el régimen autorizó la apertura de residencias privadas para ancianos y personas con discapacidad. Sin embargo, analistas advierten que esta medida es limitada y no logra responder a la magnitud del problema.
La medida permitirá la apertura de diversas modalidades de residencias, como las de cuidados diurnos, permanentes y mixtos. Anteriormente, estos servicios eran gestionados exclusivamente por el Estado, a través de casas de abuelos y hogares de ancianos.
